Rocky, un perro de la raza gran pirineo de 14 años, falleció este miércoles 22 de julio de 2026 tras permanecer hospitalizado desde el lunes debido a las graves lesiones que sufrió cuando su propietaria, Liliana “N”, lo ató a su camioneta, lo arrastró y posteriormente lo atropelló. Los hechos ocurrieron el fin de semana pasado en el fraccionamiento San Miguel, al norte de Saltillo, y fueron captados en video por vecinos, quienes difundieron las imágenes en redes sociales, generando una ola de indignación y movilizaciones de grupos defensores de los animales que exigieron justicia.
El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Sureste, Julio Loera Ruiz, informó que Liliana “N” fue detenida ayer en cumplimiento de una orden de aprehensión y que un juez de control le impuso prisión preventiva justificada por un periodo inicial de tres meses, con posibilidad de extenderse a seis, mientras el Ministerio Público y la defensa presentan pruebas para robustecer la carpeta de investigación.
“Fue la audiencia y el juez quienes dictaron prisión preventiva justificada por tres meses, plazo que se podría ampliar por un periodo igual. En este periodo el Ministerio Público y la defensa de la acusada presentarán pruebas. El Ministerio Público va a robustecer la carpeta de investigación”, explicó Loera Ruiz.
Liliana permanecerá internada en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo mientras continúa el proceso penal.
Con la muerte de Rocky, la sanción prevista en la legislación estatal por maltrato animal podría duplicarse. La pena base alcanza hasta cuatro años de prisión, pero aumenta a ocho años si el animal muere como consecuencia de las lesiones, detalló el funcionario.
“La sentencia de cuatro años aparejada por este delito aumenta al doble, es decir, hasta ocho años de prisión”, señaló.
Además, el juez no encontró elementos para aceptar el argumento de la defensa que pretendía acreditar un presunto trastorno mental de la imputada para que fuera internada en un centro de salud mental en lugar del penal femenil.
En el mismo caso, el esposo de Liliana “N” fue detenido por obstrucción de la justicia, aunque posteriormente recuperó su libertad.
Este caso pone en evidencia la persistente problemática del maltrato animal en México y la necesidad de fortalecer las políticas públicas y la vigilancia para proteger a los seres más vulnerables, en un contexto donde la justicia debe actuar con firmeza para garantizar el respeto a la vida y la dignidad de todas las especies.
