El Gobierno mexicano intentará obtener una porción de los bienes de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que autoridades estadounidenses ordenaron al narcotraficante entregar 15 mil millones de dólares como parte de la sentencia de cadena perpetua que le fue impuesta el pasado lunes.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará la posibilidad de solicitar a Estados Unidos una parte de los activos que sean localizados y decomisados al fundador del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, México enfrenta una carrera contra el tiempo para identificar las propiedades, empresas y cuentas bancarias relacionadas con Zambada antes de que las autoridades estadounidenses congelen o reclamen esos activos, advirtió el especialista en seguridad David Saucedo.
Saucedo explicó que, aunque la FGR puede reclamar los bienes del narcotraficante, el proceso podría prolongarse durante años debido a que las autoridades mexicanas no tienen plenamente ubicados sus activos. “Es una lucha contra el tiempo, para que el gobierno de México pueda iniciar la confiscación, extinción de dominio de bienes, propiedades y cuentas bancarias, tiene que fundamentarlo… Hasta donde sabemos, no hay en México una carpeta de investigación con esas características que demuestre que tal edificio, tal fábrica es de El Mayo Zambada”, señaló.
El experto añadió que el Gobierno mexicano puede iniciar procesos de extinción de dominio e incautación sobre los bienes localizados en el país; sin embargo, si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se adelanta y congela cuentas y propiedades, México tendría menores posibilidades de reclamarlas.
De acuerdo con estimaciones de fuentes estadounidenses citadas por Saucedo, la fortuna del narcotraficante podría ascender a 50 mil millones de dólares, por lo que el monto ordenado por la corte equivaldría aproximadamente a una tercera parte de sus bienes.
Este caso se suma a otros esfuerzos del Estado mexicano para recuperar fortunas vinculadas al crimen y la corrupción. Por ejemplo, en tribunales de Florida se han conseguido sentencias civiles por más de 3 mil millones de dólares contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, su esposa y empresarios relacionados, aunque la recuperación efectiva hasta ahora representa solo una fracción de esa cantidad.
En 2019, México también anunció que buscaría reclamar parte de los 12 mil 600 millones de dólares que una corte estadounidense ordenó decomisar a Joaquín “El Chapo” Guzmán. A pesar de que se planteó crear una comisión binacional para localizar y repartir esos bienes, hasta la fecha no se ha informado que México haya recibido recursos provenientes de esa orden.
Sobre la posibilidad de entrevistar a Zambada, la presidenta Sheinbaum indicó que corresponderá a la FGR determinar si es conveniente para conocer de primera mano las circunstancias en las que llegó a Estados Unidos.
Respecto a las declaraciones del narcotraficante tras recibir su sentencia, en las que afirmó que “la violencia debe acabar en México. Nadie ganará esta guerra”, la mandataria se negó a emitir una opinión directa. “Viniendo de quien viene, es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo. Es el principio de la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia”, respondió.
Este escenario pone en evidencia la complejidad y lentitud de los procesos legales para desmantelar las estructuras financieras del narcotráfico, así como la necesidad de fortalecer la coordinación internacional para que México pueda acceder a recursos que contribuyan a políticas sociales y de seguridad más efectivas.
