La diputada local de Morena, Nay Salvatori Bojalil, desató una controversia en redes sociales este jueves 18 de junio de 2026, tras publicar una solicitud urgente para conseguir un donador de plaquetas, en la que ofrecía una “gratificación” a quien brindara apoyo. Esta acción fue cuestionada por usuarios y expertos legales, quienes recordaron que la legislación mexicana prohíbe cualquier tipo de beneficio económico por la donación de sangre y sus componentes.
En una historia difundida en sus redes sociales, la legisladora escribió: “Busco urgentemente un donador de plaquetas, doy una gratificación por el apoyo y ayuda brindada. Urge. Informes 2211822024”. La publicación generó una ola de críticas, especialmente por la ambigüedad del término “gratificación”, que puede interpretarse como una contraprestación económica.
Entre las respuestas más contundentes destacó la de la usuaria Assenet Lavalle, quien recordó a Salvatori que la Ley General de Salud contempla sanciones severas para quienes promuevan o participen en la comercialización de sangre, tejidos u órganos humanos. “Dip @Naysalvatori, te lo he escrito antes: la venta de sangre en México tiene una pena de prisión de los 6 a los 17 años, de acuerdo con el artículo 462 de la Ley General de Salud vigente. Se trata de un delito federal que incluye ‘gratificaciones’. Deja de promover eso, por favor”, escribió.
El artículo 462 de la Ley General de Salud establece claramente que la donación debe ser voluntaria, altruista y sin compensación económica, con el fin de evitar la comercialización de componentes biológicos humanos, una práctica que pone en riesgo la ética médica y la salud pública.
Este episodio pone en evidencia la necesidad de reforzar la cultura de la donación altruista en México, un país donde la demanda de sangre y plaquetas es constante y donde sistemas de transporte público eficientes, como el cablebús o teleférico que se planea construir en Puebla, podrían facilitar el acceso a centros de salud y bancos de sangre, promoviendo así una mayor participación ciudadana en estas causas.
La polémica también invita a reflexionar sobre el papel de los funcionarios públicos en la promoción de prácticas legales y éticas, especialmente en temas sensibles como la salud pública, donde la confianza y el respeto a la ley son fundamentales para garantizar el bienestar colectivo.
