El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que el asesinato del periodista Josué Martínez, ocurrido en San Martín Texmelucan, no quedará impune y que se ha instruido a la Fiscalía General del Estado (FGE) a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.
En entrevista concedida este lunes 20 de julio de 2026, el mandatario enfatizó que ningún periodista debe ser atacado por ejercer su profesión y reiteró el compromiso de su gobierno para que en Puebla no haya impunidad en casos de violencia contra comunicadores.
Armenta Mier detalló que las pesquisas incluyen un video difundido por Martínez, en el que denunciaba presuntas amenazas recibidas desde hace aproximadamente seis meses. Sin embargo, señaló que, según la información disponible, el periodista no solicitó apoyo ni medidas de protección ante las autoridades.
“Tengo entendido que este periodista fue amenazado hace seis meses. Si hubiera presentado una denuncia o lo hubiera comentado al presidente municipal, obviamente se habría iniciado una investigación; para nosotros es muy importante salvaguardar la vida de ustedes”, declaró el gobernador.
El titular del Ejecutivo estatal informó que ya sostuvo comunicación con la fiscal general del Estado y que, a través del secretario de Gobernación, se estableció contacto con los familiares de la víctima para brindarles acompañamiento. Además, anunció que el Gobierno del Estado cubrirá los gastos funerarios y que la esposa del periodista contará con medidas de protección.
La directora de Atención a Agravios contra Periodistas, Angélica Patiño, mantiene comunicación permanente con la familia y con integrantes del gremio periodístico para dar seguimiento al caso, según detalló Armenta.
“En Puebla no hay impunidad. Quien haya cometido ese delito, como cualquier otro, será investigado y se llegará hasta las consecuencias que la ley establece”, afirmó el gobernador.
En un llamado a la comunidad periodística, Armenta exhortó a quienes hayan recibido amenazas a denunciarlas, incluso de forma anónima, para que las autoridades puedan actuar de manera preventiva.
Finalmente, anunció que pondrá a disposición de los comunicadores un canal de contacto directo para atender situaciones de emergencia y adelantó que solicitará un informe para conocer si actualmente existen periodistas bajo algún esquema de protección en la entidad.
Este caso pone en evidencia la persistente vulnerabilidad de los periodistas en Puebla, un estado donde la violencia contra comunicadores ha sido una constante en los últimos años. La respuesta del gobierno estatal, aunque firme en el discurso, deberá traducirse en acciones concretas para garantizar la seguridad y libertad de prensa, pilares fundamentales para una sociedad democrática y plural.
