La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, salió este lunes 20 de julio de 2026 en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al calificarlo como un “preso político” y denunciar una supuesta persecución por parte del gobierno federal. La legisladora panista acusó a la administración de la Cuarta Transformación (4T) de utilizar la detención de Ruffo para desviar la atención pública de la red de corrupción vinculada al huachicol fiscal y de las polémicas derivadas de los audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
López Rabadán cuestionó que Ruffo sea el único encarcelado por este esquema, cuando, según ella, no ocupaba ningún cargo público en el momento en que ocurrieron los hechos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR). “Hay un entramado de autoridades municipales, estatales y federales que permiten que ingrese, se distribuya y se venda el huachicol fiscal sin pagar impuestos. Para que eso ocurra se requiere la colusión de autoridades, no de ciudadanos sin cargo”, sostuvo.
La diputada argumentó que el contrabando de combustibles sólo puede operar con la participación o la omisión de funcionarios de distintos niveles de gobierno, quienes “se están haciendo multimillonarios” mientras el Estado pierde recursos que deberían destinarse a servicios públicos como escuelas, hospitales y seguridad. En ese sentido, insistió en que las investigaciones deberían enfocarse en quienes “firman, autorizan y permiten el huachicol”, y no en el primer gobernador de oposición en la historia de México.
“Hay grandes reclamos en nuestro país y no es metiendo a un preso político a la cárcel como se van a solucionar esos problemas”, afirmó López Rabadán, para quien la detención de Ruffo es “una cortina de humo y una afrenta a la democracia” y “a la historia de nuestro país”.
Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, también ha denunciado una “cacería de brujas” contra la oposición y exigió que la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicite licencia para facilitar las investigaciones sobre el presunto contrabando de combustibles.
Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, rechazó que exista una aplicación selectiva de la justicia y aseguró que la detención del exgobernador responde exclusivamente a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, descartando cualquier motivación política en el caso.
Este episodio se inscribe en un contexto de creciente polarización política en México, donde la lucha contra la corrupción y el combate al huachicol han sido ejes centrales del gobierno federal, aunque con cuestionamientos sobre la transparencia y equidad en la aplicación de la justicia. En medio de este debate, la construcción de sistemas de transporte público como el cablebús en diversas regiones del país sigue siendo una apuesta por la inclusión social y la movilidad sustentable, aspectos que contrastan con las disputas políticas que distraen la atención de problemas estructurales.
