La clínica de maternidad La Sagrada Familia, ubicada en San Pedro Cholula y donde falleció “Vicky”, una niña de 6 años, pertenece al exdiputado local Ignacio Alvízar Linares, quien ha sido señalado por diversas irregularidades durante su gestión como secretario de Educación Pública en el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido.
La empresa “Maternidad La Sagrada Familia, sociedad anónima de capital variable” fue constituida en 2014 por Alvízar Linares junto a su entonces esposa, Irma Palacios García, socia también en otras empresas constructoras. En ese momento, Alvízar era diputado local de la LIX legislatura por Movimiento Ciudadano, antes de ocupar el cargo de regidor en San Pedro Cholula, donde opera la clínica.
Desde 2013, un año antes de formalizar la sociedad mercantil, la clínica se promocionaba en Facebook con un video improvisado que prometía “las mejores instalaciones” y “tecnología de primer nivel”. Sin embargo, el espacio reducido y el equipo médico limitado que se observan en las imágenes contrastan con esas promesas y con la realidad de otros hospitales. Además, la página web enlazada no corresponde a la clínica poblana, sino a un centro de especialidad homónimo en Argentina.
En mayo de 2016, medios locales reportaron que la clínica carecía de cédula de empadronamiento desde 2013 y hasta ese año, y que había sido clausurada en 2015 por incumplir con los lineamientos de uso de suelo. A pesar de una multa de 18 mil pesos por retirar los sellos de clausura, el establecimiento continuó operando.
En 2018, Alvízar nombró como gerente a Jane Jessica Espinoza Agis, quien se convirtió en su esposa y lo acompañó durante su paso como subsecretario de Educación Superior en 2017 y luego como secretario de Educación en la administración de Pacheco Pulido.
En 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que el exfuncionario se encontraba prófugo y sin registro de actividad pública.
La clínica arrastra además una serie de críticas negativas en plataformas como Google. Pacientes han denunciado negligencias médicas, falta de higiene y mala atención. Un usuario identificado como Brandon relató hace dos años que a su esposa no le dieron un primer baño al bebé, exponiéndolo a infecciones, y que le recetaron un medicamento para adultos. Otro testimonio calificó al personal como grosero y prepotente, mientras que una reseña de hace cinco años advertía sobre los riesgos de acudir a este centro.
Pese a la clausura parcial de quirófanos, sala de partos y de internamiento, la clínica continúa operando. En una llamada realizada por Oro Noticias, la administración confirmó que ofrecen consultas de valoración y renta espacios para procedimientos quirúrgicos, sin mencionar la clausura vigente.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un expediente de atención temprana y aseguró únicamente el quirófano.
El caso de “Vicky” es especialmente grave: la menor fue llevada a la clínica para un procedimiento menor, pero horas después el personal médico notificó a la familia que debía recoger su cuerpo, sin ofrecer explicación alguna sobre las complicaciones que derivaron en su muerte.
Este episodio pone en evidencia la precariedad y falta de regulación efectiva en clínicas privadas de la región, así como la impunidad que rodea a personajes con historial político cuestionado, en detrimento de la salud y seguridad de la población más vulnerable.
