El Parlamento francés aprobó este martes 21 de julio de 2026 un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años, posicionando a Francia como uno de los países más avanzados en la Unión Europea en la regulación de estas plataformas.
Tras el visto bueno del Senado, la Asamblea Nacional ratificó la medida con 279 votos a favor y 81 en contra, en un contexto donde crecen las advertencias sobre los efectos nocivos de las redes sociales en la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes.
El presidente Emmanuel Macron destacó la importancia de esta legislación en un video difundido en redes sociales: “Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”. Esta iniciativa forma parte de los objetivos de su segundo mandato, que concluirá en mayo de 2027, y busca también regular el tiempo que los menores pasan frente a las pantallas.
La ley se implementará en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, cuando los estudiantes regresen a clases tras las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Para enero de 2027, la prohibición se extenderá a las cuentas ya existentes.
Además, el texto contempla la prohibición del uso de celulares en los liceos, siguiendo el modelo que ya se aplica en escuelas y centros de primer ciclo de secundaria.
No se prevén sanciones para menores ni para sus padres; la responsabilidad recaerá en las plataformas, que deberán implementar sistemas de verificación de edad, permitiendo incluso que los usuarios elijan entre varios métodos.
En relación con plataformas como YouTube y WhatsApp, la diputada Laure Miller, ponente del proyecto, aclaró que deberán aplicar la verificación de edad en las funciones que equivalen a una red social, como los canales para compartir contenido y los comentarios.
Esta medida se suma a un debate global sobre la necesidad de proteger a las nuevas generaciones de los riesgos asociados a la hiperconectividad, en un momento en que la regulación del acceso digital se vuelve una prioridad para gobiernos progresistas que buscan equilibrar derechos civiles y bienestar social.
