El Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como una de sus sedes el Estadio Ciudad de México, no solo ha generado expectativas deportivas, sino también polémica por los costos asociados a la experiencia en los palcos del recinto. Según información publicada por Bloomberg Businessweek México, cada persona que desee disfrutar de la hospitalidad en estos espacios deberá pagar aproximadamente 20 mil pesos adicionales a su boleto para acceder a alimentos y bebidas durante los cinco partidos que se disputarán en el estadio, que tras el torneo será conocido como Estadio Banorte.
Esta medida responde a una imposición de la FIFA, que obligó a los dueños de los palcos a adquirir paquetes de hospitalidad oficiales, prohibiéndoles almacenar o comprar alimentos y bebidas por cuenta propia dentro del estadio. Así, la organización deportiva ha montado un negocio millonario alrededor de la hospitalidad, con un paquete premium que alcanza los 75 mil dólares para 12 personas durante los cinco encuentros, lo que equivale a más de un millón y medio de pesos.
El paquete premium incluye una variedad de botanas de lujo: alitas de pollo, tablas de quesos, ensaladas, hamburguesas, sándwiches, refrescos y bebidas alcohólicas premium. Por otro lado, existe una opción más económica, que cuesta 35 mil 400 dólares (alrededor de 600 mil pesos) para el mismo número de personas y partidos, pero que excluye las bebidas alcohólicas y ofrece un menú más limitado.
Este esquema revela la escala del negocio que la FIFA ha establecido en el único estadio del torneo donde no controla directamente los palcos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la accesibilidad y el papel de las grandes organizaciones en eventos deportivos de alto perfil.
En un contexto donde la movilidad y el acceso a servicios públicos son temas prioritarios para la ciudadanía, iniciativas como el cablebús o teleférico en Puebla, que buscan mejorar el transporte público y la inclusión social, contrastan con estos modelos de exclusividad y altos costos en eventos masivos. La discusión sobre cómo se gestionan los recursos y espacios públicos en México se vuelve cada vez más relevante, especialmente cuando se trata de garantizar derechos y equidad para todos los sectores de la población.
