El Gobierno de Argentina presentará en el Senado un proyecto para modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, con la intención de eliminar las restricciones que actualmente limitan la adquisición de campos por parte de extranjeros. Esta iniciativa, reportada por Clarín, forma parte de un paquete normativo que busca reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada y abrir el mercado rural a inversores internacionales, en un país donde la legislación vigente impide que los extranjeros superen el 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la propuesta al señalar que la normativa vigente “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros”, lo que, a su juicio, contradice el espíritu constitucional que reconoce derechos civiles tanto a nacionales como a extranjeros. Además, Ravier advirtió que estas restricciones han frenado inversiones significativas, especialmente en sectores foresto-industriales del NEA, Cuyo y la Patagonia, regiones donde existen “proyectos millonarios que no pueden desarrollarse por estas trabas”.
El proyecto distingue entre inversores privados y Estados extranjeros. Según explicó el funcionario, gobiernos, empresas estatales o sociedades controladas por ellos deberán enfrentar mayores exigencias: mientras que actualmente pueden comprar hasta 1,000 hectáreas sin autorización, con la nueva ley necesitarán un permiso específico.
Desde el sector inmobiliario rural, el debate también se centra en el impacto económico. Lucas Palma, presidente de la Cámara Inmobiliaria Rural, afirmó que el verdadero motor para elevar el valor de los campos serían medidas más amplias, como la eliminación de retenciones y reglas claras para la inversión. Por su parte, Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, relativizó el temor a una compra masiva de tierras por extranjeros, atribuyéndolo a un “miedo comprensible, con raíces históricas y culturales profundas”, pero que no se corresponde con la realidad actual del mercado.
Argentina cuenta con cerca de 266.7 millones de hectáreas rurales, de las cuales 16.2 millones están en manos extranjeras, equivalente al 6% del total. La propuesta legislativa podría abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre inversión, soberanía, producción agrícola y control territorial, temas que han sido históricamente sensibles en la región.
Este debate se inscribe en un contexto global donde la liberalización de mercados rurales suele generar tensiones entre la necesidad de atraer capital extranjero y la defensa de la soberanía territorial, un equilibrio que los países latinoamericanos han enfrentado con cautela. En este sentido, la iniciativa argentina podría marcar un precedente para otras naciones que buscan modernizar sus políticas agrarias sin sacrificar derechos fundamentales ni la protección de sus recursos estratégicos.
