Víctor “N”, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de violencia familiar contra su esposa, continuará su proceso penal en libertad luego de que una jueza de Control en Morelos modificó las medidas cautelares en su contra. La decisión se tomó este martes 14 de julio de 2026 durante una audiencia de revisión, en la que se revocó la prisión preventiva y se ordenó la liberación inmediata del exfuncionario.
La jueza fundamentó su resolución en varios factores, entre ellos la manifestación de la denunciante, María Felicia Jiménez, esposa de Víctor “N”, quien decidió poner fin al proceso legal iniciado contra su marido. Para este martes estaba programada una audiencia de suspensión condicional del proceso, pero la mujer no acudió, lo que llevó a la suspensión de la diligencia.
Según se informó en la audiencia, la ausencia de María Felicia Jiménez se debió al asedio mediático que ha sufrido, situación que le ha provocado estrés y problemas de salud. Por ello, se buscará que la próxima comparecencia se realice de manera privada o mediante conexión telemática para proteger su integridad.
A pesar de recuperar su libertad, Víctor “N” deberá cumplir con estrictas medidas cautelares: firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares, entregar una garantía económica de 20 mil pesos, no salir del país, y mantener distancia y comunicación prohibida con su esposa e hijo menor de edad. La jueza advirtió que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría derivar en la revocación de la libertad y su regreso a prisión.
Este caso, que involucra a un exfuncionario de alto perfil, pone en evidencia las complejidades del sistema judicial mexicano en materia de violencia familiar y la protección de las víctimas. La decisión de liberar a Víctor “N” mientras continúa el proceso genera cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas cautelares y la garantía de seguridad para las víctimas, especialmente en contextos donde el asedio mediático puede influir en la participación de las denunciantes.
En un país donde la violencia de género sigue siendo una crisis persistente, la atención a las víctimas y la aplicación rigurosa de la justicia son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. La protección de los derechos civiles y la garantía de procesos judiciales transparentes y sensibles a la realidad de las víctimas deben ser prioridades ineludibles para el Estado.
