La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes 14 de julio de 2026 que no ha tenido comunicación personal con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, desde que a finales de abril de este año Estados Unidos presentó una solicitud provisional con fines de extradición en su contra. Durante su conferencia matutina, la mandataria evitó confirmar si Rocha Moya regresará al cargo, pese a que su administración ha insistido en la falta de pruebas en su contra.
“Personalmente no he hablado con él, hablé el primer día, cuando salió esta solicitud de Estados Unidos, después no he hablado con él, y vamos a esperar —sobre su posible regreso—, no nos adelantemos”, declaró Sheinbaum Pardo.
En el contexto de este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones derivadas de la solicitud estadounidense. La presidenta explicó que la Fiscalía “va muy avanzada”, aunque hasta ahora solo ha proporcionado información parcial y se le ha solicitado que informe al pueblo de México.
Desde que la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York presentó la acusación contra Rocha Moya, el Gobierno federal no ha recibido pruebas que sustenten los señalamientos. Sheinbaum Pardo aclaró que el plazo marcado en el tratado de extradición no es aplicable en este caso, pues no está contemplado en la Constitución de Sinaloa, por lo que el gobernador con licencia deberá tomar sus propias decisiones mientras se esperan las evidencias de Estados Unidos.
“Como hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. Y para eso hay una institución que se encarga de ello, que es la Fiscalía General de la República”, añadió la presidenta.
Cabe recordar que, cuando se dio a conocer la acusación estadounidense, Sheinbaum pidió a Rocha Moya que aclarara su situación públicamente, lo que el funcionario hizo mediante un comunicado.
Este episodio se suma a un contexto político complejo en Sinaloa, donde la transparencia y la rendición de cuentas son demandas crecientes de la sociedad. En este sentido, la postura del Gobierno federal refleja un equilibrio delicado entre la presunción de inocencia y la necesidad de actuar con firmeza ante posibles actos de corrupción o delitos graves.
