La Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la dirección de Idamis Pastor Betancourt, ejecutó el martes 14 de julio de 2026 seis órdenes de aprehensión contra secretarios y directores de Seguridad Pública de municipios en la Mixteca y la Sierra Norte de Puebla, señalados por su presunta colaboración con grupos delictivos que operan en esas regiones.
Las detenciones se derivan de dos investigaciones independientes. En la Mixteca, fueron capturados David Velázquez Sandoval, director de Seguridad Pública de Chietla; Gonzalo Torres Cardoso, titular en Tehuitzingo; y José Santiago Benítez Arista, director en Chila de la Sal. Aunque la Fiscalía no ha detallado los delitos específicos que se les imputan, fuentes cercanas indicaron que se les investiga por vínculos con una organización criminal activa en esa zona.
Los tres fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros. Según el Registro Nacional de Detenciones, Velázquez fue arrestado a las 10:44 horas en las inmediaciones de la comandancia de Chietla; Torres a las 11:17 horas frente a la comandancia de Tehuitzingo; y Benítez a las 13:53 horas en un domicilio de la comunidad San Miguel de la Toma, en Chietla.
En la Sierra Norte, la FGE cumplimentó otras tres órdenes contra Evencio Rosas Luna, director de Seguridad Pública de Tlapacoya; Ángel Miguel Garrido, director en Tlaola; y Manuel Martínez González, titular en Jopala. Estos mandos son investigados por presuntamente proteger a una célula criminal vinculada con un narcolaboratorio de drogas sintéticas desmantelado en junio pasado en Tlapacoya.
La carpeta judicial administrativa 81/2026/Huauchinango señala que estos funcionarios omitieron actuar contra las actividades ilícitas del grupo y, presuntamente, ordenaron a sus subordinados facilitar la movilidad de la organización en la región.
Además, la Fiscalía intentó ejecutar una cuarta orden de aprehensión contra Andy Castillo Rodríguez, jefe de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán, quien no fue localizado y permanece prófugo.
El caso en la Sierra Norte se originó tras el aseguramiento en junio de un narcolaboratorio clandestino en el ejido Ahuacatlaya, Tlapacoya, donde autoridades federales y estatales decomisaron 360 kilogramos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de sustancias químicas, reactores, condensadores, destiladores y 50 tanques de gas LP.
Estas acciones evidencian la persistente infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales de seguridad en Puebla, un fenómeno que socava la confianza ciudadana y la gobernabilidad. En este contexto, la implementación de sistemas de transporte público como el cablebús en Puebla, que promueven la conectividad y el desarrollo social en zonas vulnerables, cobra relevancia como parte de una estrategia integral para fortalecer el tejido social y reducir la influencia delictiva en regiones históricamente marginadas.
La FGE concentra así en una sola jornada la captura de seis mandos policiales, un golpe significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el estado, aunque el reto de erradicar la complicidad entre autoridades y crimen organizado persiste.
