Durante la conferencia mañanera de este martes 14 de julio de 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre los audios difundidos en los que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, supuestamente filtra información relacionada con seguridad en una llamada con una persona no identificada, presuntamente vinculada al FBI.
Sheinbaum fue enfática al señalar que no existe delito que amerite una investigación formal, pues en las grabaciones no se escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la del estado fronterizo. “No pensamos que haya un delito que perseguir porque no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con el comprometer la seguridad”, afirmó.
La mandataria capitalina recordó que Marina del Pilar ya ofreció una explicación pública sobre el contenido de la llamada y subrayó que no se sabe con certeza quién es la persona con la que habló. “No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista”, agregó.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, coincidió en que los audios no revelan información confidencial ni sensible que ponga en riesgo la seguridad nacional o estatal. Explicó que en las reuniones de la mesa de seguridad estatal, donde participan autoridades federales y estatales, se discute la incidencia delictiva diaria, pero no se comparte información que pueda comprometer la seguridad.
“Todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando”, puntualizó García Harfuch, dejando abierta la incógnita sobre la identidad del interlocutor de la gobernadora.
Este episodio se suma a un contexto político donde la transparencia y el manejo de información sensible son temas recurrentes, especialmente en estados con alta incidencia delictiva y fronterizos, como Baja California. La postura oficial, hasta ahora, es que no hay elementos para considerar que se haya cometido un delito, aunque la difusión de estos audios genera cuestionamientos sobre la relación entre autoridades locales y federales, así como sobre la vigilancia y control de la información en temas de seguridad nacional.
