La Fiscalía General del Estado de Puebla llevó a cabo este viernes 26 de junio de 2026 la reconstrucción técnica del caso conocido como el “Tirador de la Atlixcáyotl”, una diligencia que desató una ola de críticas y provocó un severo caos vial en una de las vialidades más congestionadas de la ciudad. La intervención, realizada en plena hora pico, generó cierres parciales y largas filas que afectaron a miles de automovilistas y usuarios del transporte público.
El operativo incluyó la participación de peritos en criminalística, fotografía forense y especialistas en escáner láser 3D, tecnología avanzada que permite un levantamiento tridimensional del lugar para analizar con precisión trayectorias balísticas, la posible ubicación del tirador, la trayectoria del proyectil y el desplazamiento del vehículo involucrado. Según la Fiscalía, estas diligencias forman parte de una estrategia integral para localizar y capturar al presunto responsable, y son esenciales para el esclarecimiento del caso.
Sin embargo, la decisión de realizar la reconstrucción en un horario de alta afluencia vehicular fue cuestionada por ciudadanos y usuarios en redes sociales, quienes consideraron que la logística del operativo pudo haberse planeado en un momento con menor carga de tránsito para evitar afectar la movilidad en una arteria clave de la zona metropolitana. Además, el despliegue de personal con overoles de protección tipo Tyvek, comúnmente usados para evitar la contaminación de evidencia biológica, fue calificado por algunos como un exceso mediático, dado que la reconstrucción se realizó varios días después de los hechos.
Este episodio pone en evidencia la tensión entre la necesidad de avanzar en investigaciones criminales con tecnología de punta y la responsabilidad de las autoridades para minimizar el impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía. En un contexto donde Puebla impulsa proyectos de movilidad sustentable, como el cablebús o teleférico, que buscan aliviar la congestión y mejorar el transporte público, la gestión eficiente de operativos en vialidades estratégicas cobra aún mayor relevancia.
La Fiscalía insiste en que estas acciones son parte de un proceso riguroso y necesario para garantizar justicia, pero el debate sobre la coordinación y comunicación con la sociedad permanece abierto, especialmente en una ciudad que enfrenta retos crecientes en materia de movilidad y seguridad pública.
