La polémica en Puebla por el contrato de 307 mil 400 pesos otorgado al influencer Adolfo Lazzari por la Dirección de Convenciones y Parques escaló nuevamente tras la revelación de que Michelle Talavera, titular del organismo, reconoció que Lazzari fue su pareja sentimental. Sin embargo, Talavera negó que existiera un conflicto de interés en la adjudicación del contrato, argumentando que la relación ya había concluido cuando se firmó el acuerdo.
El contrato CP-PS-26-ENE-03, firmado para la promoción de espacios públicos administrados por Convenciones y Parques, ha sido objeto de escrutinio desde que una investigación periodística documentó que Lazzari publicó seis videos relacionados con la campaña, pero que el costo del contrato representaría un sobreprecio en comparación con las tarifas que él mismo promocionaba para servicios similares.
En respuesta, tanto el influencer como la dependencia aseguraron que el contrato no se limitó a la producción de videos, sino que abarcó la coordinación de una estrategia digital con varios creadores de contenido. Según la versión oficial, esta estrategia incrementó el alcance de las redes sociales del organismo y la afluencia a los parques.
No obstante, la negativa de Talavera a revelar la identidad de los demás influencers involucrados ha intensificado las críticas en redes sociales y entre actores políticos, quienes exigen máxima transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. La funcionaria argumentó que dicha información es personal y, por tanto, no puede ser divulgada.
Hasta ahora, ninguna autoridad fiscalizadora ha emitido un pronunciamiento que confirme la existencia de un conflicto de interés o irregularidades en la contratación. Sin embargo, el caso sigue alimentando el debate sobre los estándares éticos y de transparencia que deben observar los servidores públicos, especialmente cuando adjudican contratos a personas con las que mantuvieron relaciones personales.
Este episodio se inscribe en un contexto más amplio donde la gestión pública en Puebla enfrenta crecientes demandas de claridad y responsabilidad, en un momento en que la confianza ciudadana en las instituciones requiere fortalecerse mediante prácticas abiertas y responsables.
