Un video que circuló recientemente en redes sociales y medios de comunicación ha desatado una nueva controversia en torno al gobernador de Nuevo León, Samuel García. En las imágenes, atribuidas a un material de El Heraldo de México, se observa a un grupo de personas disfrutando de un concierto desde una unidad del sistema de transporte público estatal, lo que ha generado críticas por el supuesto uso privado de infraestructura pública.
La acusación principal señala que el mandatario habría utilizado un vehículo del transporte público como un palco exclusivo para él y sus invitados, lo que ha sido calificado por algunos usuarios como un acto de corrupción. “Corrupción es hacer uso privado de recursos públicos”, se lee en una de las publicaciones que se viralizaron, cuestionando el destino de recursos y la posible afectación al servicio regular para los usuarios.
Hasta el momento, no se han presentado datos oficiales que confirmen costos extraordinarios derivados del evento ni que el servicio haya sido suspendido para destinarlo exclusivamente al gobernador y su grupo. Sin embargo, la polémica pone en el centro el manejo y la transparencia en la administración del transporte público, un tema sensible para la gestión de García.
En las últimas semanas, el gobierno de Nuevo León ha impulsado el transporte público como uno de los ejes centrales de su administración, promoviendo nuevas líneas del Metro, pruebas del monorriel y programas de movilidad vinculados al Mundial de 2026. De hecho, García anunció que durante los partidos mundialistas habrá transporte público y Metro gratuitos para facilitar la movilidad de los aficionados hacia el estadio y las zonas de convivencia.
Este contexto revela una paradoja: mientras se busca fortalecer y democratizar el acceso al transporte público, la imagen del gobernador se ve empañada por acusaciones que sugieren un uso privado de estos recursos. No es la primera vez que Samuel García enfrenta críticas por actividades sociales o recreativas en espacios públicos o VIP, lo que ha generado cuestionamientos sobre la coherencia entre su discurso y sus acciones.
En un país donde la movilidad urbana es un desafío constante y el acceso a servicios públicos eficientes es una demanda social creciente, la polémica en Nuevo León abre un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el uso de los recursos estatales y la necesidad de garantizar que estos sistemas beneficien a toda la población, sin privilegios ni excepciones.
