Este miércoles 24 de junio de 2026, jueces y magistrados en retiro protagonizaron una manifestación frente a las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial, ubicado en avenida Insurgentes Sur, colonia San Ángel, para exigir el pago de indemnizaciones pendientes tras haber sido removidos de sus cargos por la reciente reforma judicial.
La protesta, en la que participó el magistrado Reynaldo Reyes Rosas, se suma a una serie de movilizaciones que evidencian la tensión entre el Poder Judicial y el gobierno federal por la implementación del nuevo sistema judicial. Los manifestantes demandan respeto a la independencia judicial, el Estado de derecho y la justicia en México, principios que consideran amenazados por los cambios legislativos.
Cabe recordar que el pasado 25 de mayo, una centena de jueces y magistrados en retiro bloquearon los accesos del Órgano de Administración Judicial (OAJ) para denunciar la falta de pago a 86 de ellos, así como la suspensión de pensiones complementarias a 120 exjuzgadores. Este bloqueo impidió el ingreso de trabajadores al órgano, quienes permanecieron afuera a la espera de instrucciones.
Reynaldo Manuel Reyes Rosas, exjuez y magistrado federal con más de 37 años de servicio, confirmó su decisión de no integrarse al nuevo sistema judicial impulsado por el gobierno federal, argumentando “congruencia y dignidad”. En su pronunciamiento, criticó los nuevos métodos de selección, como el uso de la tómbola, calificándolos de “novísimos, pero corruptos procedimientos”. Reyes Rosas mantiene su protesta junto a más de 120 juzgadores federales para exigir el pago de la indemnización constitucional que les corresponde.
Por su parte, Juan Carlos Cruz Razo, magistrado en retiro y exconsejero de la Judicatura Federal, también afectado por la falta de pago, lamentó la situación y señaló que esta omisión representa una afectación directa a su programa de vida. Cruz Razo cuestionó que los juzgadores cesados deban justificar ante el OAJ su derecho a la indemnización, cuando este está claramente establecido en la reforma judicial plasmada en la Constitución.
Estas protestas reflejan un conflicto profundo en la transición hacia un nuevo modelo judicial, donde la falta de cumplimiento en los pagos a quienes han dedicado décadas a la impartición de justicia pone en entredicho la responsabilidad del Estado para garantizar derechos laborales y sociales a sus servidores públicos. En un contexto donde el fortalecimiento institucional es clave para la democracia, estas tensiones evidencian la necesidad de un diálogo abierto y soluciones que respeten tanto la legalidad como la dignidad de los juzgadores retirados.
