La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) informó el martes 21 de julio que la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años fallecida en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, ha sido reclasificada bajo el delito de feminicidio.
Jesús Eduardo Govea Orozco, titular de la FGJT, comunicó a través de un video en redes sociales que las indagatorias han permitido esclarecer “el cómo ocurrieron los hechos”, aunque no ofreció detalles específicos sobre el desarrollo del caso ni sobre personas detenidas o imputadas. La carpeta de investigación ha evolucionado a una nueva etapa procesal y el proceso continuará bajo esta figura legal ante las autoridades competentes.
La Fiscalía rechazó como oficiales las versiones técnicas o información que circula en redes sociales sobre la muerte de Dafne, enfatizando que no ha proporcionado datos adicionales y que la investigación no se centra en las condiciones administrativas o de operación de la academia, sino en un “análisis profundo” del contexto en que ocurrieron los hechos.
El caso tiene su origen el pasado 13 de julio, cuando Dafne ingresó a un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz. La joven falleció el viernes 17 de julio dentro de las instalaciones del campamento, presuntamente por asfixia.
La madre de la víctima, Alejandra Quintos, relató que la noche del 16 de julio Dafne le informó sobre una caída sufrida durante uno de los ejercicios. En un video enviado a su madre se observaban moretones en el rostro, raspaduras y una cortada en el labio, aunque la menor aparentaba estar bien.
Sin embargo, en la madrugada del viernes 17, los directivos del campamento notificaron a la familia sobre el fallecimiento de Dafne. Inicialmente se les informó que la menor había presentado tos y, una hora después, que se había desvanecido mientras se bañaba, pero ya sin signos vitales.
De acuerdo con la necropsia presentada por la Fiscalía, la causa de muerte fue asfixia y agua en los pulmones.
Este caso pone en evidencia la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente en instituciones privadas que atienden a menores, así como la urgencia de políticas públicas que garanticen la protección integral de niñas y adolescentes frente a posibles violencias institucionales y de género.
