El Congreso de Puebla avanza en la discusión para incorporar los comentarios y bromas gordofóbicas dirigidos a mujeres dentro de la categoría de violencia estética, un nuevo tipo de violencia que busca visibilizar el daño que generan estas conductas en la dignidad y salud emocional femenina. Sin embargo, esta iniciativa no contempla que dichas acciones sean consideradas un delito ni que se apliquen sanciones penales.
La diputada Esther Martínez Romano, del Partido del Trabajo (PT), presentó una reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, con la intención de modificar la fracción VIII del artículo 10 para incluir la violencia estética como una forma de violencia contra las mujeres. Según la propuesta, esta violencia se define como cualquier acción u omisión basada en género que, mediante presión, imposición, amenaza, discriminación, humillación, rechazo o ridiculización, condicione a una mujer a modificar u ocultar su cuerpo. En este sentido, las bromas o comentarios gordofóbicos quedarían explícitamente tipificados dentro de esta categoría.
La iniciativa subraya que obligar a las mujeres a seguir estereotipos, modelos o patrones de belleza establecidos socialmente constituye violencia estética, la cual puede causar daños físicos y psicológicos al menoscabar la autoestima, la salud y la integridad de las mujeres. No obstante, Martínez Romano aclaró que esta reforma no crea ni tipifica un nuevo delito en el Código Penal local, por lo que no habrá sanciones penales para quienes incurran en estas conductas.
Especialistas a nivel nacional coinciden en que las bromas y comentarios gordofóbicos son una forma de violencia estética, pues suelen centrarse en aspectos físicos como peso, talla, edad, color de piel, forma de vestir o arreglo personal, y generan exclusión, discriminación y afectaciones psicológicas.
En México, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 identifica la apariencia física como un factor relevante de discriminación, que se manifiesta en comentarios, exigencias sociales y requisitos de presentación que limitan el libre desarrollo de la personalidad, especialmente de las mujeres.
Este reconocimiento legislativo en Puebla representa un avance para visibilizar las formas sutiles y cotidianas de violencia contra las mujeres, aunque la ausencia de sanciones penales plantea dudas sobre la efectividad real de la medida para erradicar estas prácticas. En un contexto donde la lucha por derechos civiles y la inclusión social exige respuestas contundentes, la propuesta abre la puerta a un debate necesario sobre cómo el Estado debe intervenir para proteger la integridad emocional y física de las mujeres.
