El Parlamento japonés aprobó este viernes 17 de julio de 2026 una reforma a la ley de sucesión imperial que mantiene el veto a que una mujer pueda ser emperatriz, a pesar del respaldo mayoritario que esta idea tiene entre la opinión pública. La decisión profundiza una tradición patriarcal que data de 1889 y que fue reafirmada en la Constitución de 1947, dejando fuera a la princesa Aiko, hija del actual emperador Naruhito, y a cualquier otra mujer de la familia real.
La Casa Imperial de Japón, cuya legitimidad se basa en la mitología sintoísta que la vincula con la diosa del sol Amaterasu, enfrenta una crisis de sucesión que depende exclusivamente del príncipe Hisahito, de 19 años, sobrino del emperador Naruhito. Si Hisahito no tiene un hijo varón, la línea directa de sucesión se extinguiría, pues la ley vigente sólo permite herederos masculinos por línea paterna.
Históricamente, Japón ha tenido ocho emperatrices, pero su estatus divino fue eliminado tras la Segunda Guerra Mundial, y la ley de 1889 estableció que sólo los hombres pueden ascender al Trono del Crisantemo. La reforma aprobada este viernes no modifica esta restricción, pero sí autoriza la reincorporación a la familia imperial de parientes masculinos lejanos, descendientes de once ramas que fueron excluidas tras la derrota japonesa en 1945. Estos familiares, con un parentesco que se remonta al siglo XV y que la Agencia de la Casa Imperial calcula entre 36 y 38 grados de distancia, podrán ser elegibles para la sucesión siempre que sean solteros y sus hijos varones también cumplan con los requisitos.
Además, la reforma pone fin a la práctica que obligaba a las mujeres a perder su estatus real al casarse con plebeyos, aunque sus hijos no podrán heredar el trono debido a su género. Un caso emblemático fue el de la exprincesa Mako Komuro, sobrina del emperador Naruhito, quien en 2021 abandonó oficialmente la familia imperial tras casarse con un ciudadano común.
La reforma fue impulsada y aprobada en medio de fuertes disputas internas dentro del Partido Liberal Democrático (PLD), bajo el liderazgo de Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón y una férrea opositora a la sucesión femenina. La postura conservadora del PLD refleja la resistencia a modificar estructuras tradicionales que limitan la participación de las mujeres en la esfera pública y simbólica del poder.
Seiichiro Murakami, diputado veterano del PLD, calificó la exclusión de la princesa Aiko como “absolutamente indignante”, mientras que Asahiro Kuni, de 81 años y miembro de una de las once ramas imperiales reincorporadas, ha expresado que aconsejaría a sus nietos rechazar la oportunidad de integrarse a la familia real, evidenciando las tensiones y el rechazo que genera esta reforma incluso dentro de la propia aristocracia.
Este nuevo marco legal, lejos de abrir espacios para la igualdad de género en la institución más emblemática de Japón, reafirma un sistema que privilegia la línea masculina y excluye a las mujeres, en un país donde la opinión pública mayoritaria demanda cambios que reflejen una sociedad más inclusiva y moderna. La decisión del Parlamento, tomada este viernes, pone en evidencia la persistencia de estructuras patriarcales que limitan el avance hacia una monarquía más representativa y acorde con los valores contemporáneos.
