La Fiscalía General del Estado de Baja California detuvo a tres adolescentes, dos de ellos originarios de Estados Unidos, señalados como presuntos responsables del asesinato de Flaviano López Martínez, un militar retirado de 50 años que trabajaba como conductor de la plataforma DiDi en Mexicali. El crimen, ocurrido el jueves 9 de julio, conmocionó a la sociedad local por la extrema violencia y la crueldad con la que fue perpetrado.
Según las autoridades, la víctima fue asesinada con un disparo en la cabeza durante un servicio solicitado por una menor de 16 años, quien junto con su hermano de 15 años y un amigo de 13, lo abordaron para trasladarse desde Villa Verde hasta la colonia Satélite. En el trayecto, los adolescentes dispararon a sangre fría contra López Martínez, desnudaron su cuerpo, lo abandonaron en unos matorrales en Villas del Colorado y le prendieron fuego. Todo el acto fue grabado con teléfonos celulares, mientras los agresores se reían y se mofaban de la víctima.
La fiscal María Elena Andrade Ramírez detalló que tras el asesinato, los jóvenes se apoderaron del vehículo de la víctima y fueron encontrados circulando en él, con manchas de sangre aún visibles en los asientos. Los adolescentes enfrentan cargos por homicidio calificado con alevosía y ventaja, robo de vehículo, y delitos relacionados con la inhumación y exhumación de cadáveres. De ser declarados culpables, podrían recibir una sentencia de entre tres y cinco años, debido a su minoría de edad.
El cuerpo calcinado de López Martínez fue encontrado el sábado 11 de julio, dos días después de su desaparición. La Fiscalía recibió el reporte inicial el mismo día del asesinato. Este caso ha desatado protestas de conductores de plataformas digitales en Mexicali, quienes exigen justicia y mayores medidas de seguridad para proteger su integridad. Además, reclaman que los responsables sean juzgados como adultos, dada la gravedad del delito.
Este episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores de plataformas de transporte y la necesidad urgente de políticas públicas que garanticen su seguridad. La impunidad y la violencia extrema contra quienes ejercen labores informales reflejan un problema estructural que requiere atención estatal y social inmediata.
