La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclaró este martes 16 de junio de 2026 que no tiene responsabilidad ni opinión sobre la entrega del militar en retiro Gerardo Mérida a las autoridades de Estados Unidos, donde es investigado por presuntos nexos con el crimen organizado. Asimismo, la dependencia se deslindó del nombramiento del exsecretario de Seguridad en Sinaloa, un tema que ha generado controversia política en esa entidad.
Ricardo Trevilla, titular de Sedena, explicó que el caso de Mérida Sánchez, quien pasó a situación de retiro en 2022, es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las autoridades estadounidenses. “La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto, es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República o las autoridades en Estados Unidos”, afirmó.
El general Trevilla detalló que la única relación que mantiene la Sedena con Mérida es administrativa, vinculada al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que se encarga de los pagos de haberes y servicios médicos para él y su familia. “Eso es lo único que hay”, puntualizó.
En respuesta a las declaraciones de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien responsabilizó a la Defensa del nombramiento de Mérida para deslindar al gobernador con licencia Rubén Rocha, Trevilla calificó la acusación como una “mala interpretación”. Explicó que los gobiernos estatales son autónomos y pueden solicitar la opinión de la Sedena sobre el desempeño profesional de militares en retiro, pero la decisión final es estatal. “Ellos en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional… se da la opinión, así es como sucedió”, dijo.
Finalmente, al ser cuestionado sobre si la Sedena tenía conocimiento de la situación legal de Mérida en Estados Unidos, el general respondió tajante: “No”.
Este deslinde se produce en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas en la seguridad pública son temas prioritarios para la sociedad mexicana, que demanda mayor control sobre las designaciones en cargos estratégicos y la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
