El régimen chavista informó este lunes 6 de julio de 2026 que el número de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 3,535, cifra que supera el reporte previo de 3,342 muertos dado a conocer el domingo. Los heridos se mantienen en 16,740, según el comunicado oficial.
A pesar de la gravedad de la tragedia, el gobierno de Delcy Rodríguez ha evitado ofrecer datos claros sobre las personas desaparecidas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que podrían ser hasta 50,000, mientras que otras proyecciones independientes sugieren una cifra cercana a los 10,000. Esta ausencia de información oficial genera incertidumbre y agrava la crisis humanitaria en el país.
En el estado La Guaira, el más afectado y vecino a Caracas, la búsqueda de cuerpos continúa con la esperanza de brindar un entierro digno a las víctimas, pese a la escasa ayuda gubernamental. El domingo 5 de julio, las autoridades comenzaron a sepultar a más de 150 fallecidos no identificados en el municipio Catia La Mar.
En el cementerio La Esperanza, las tumbas de estos cuerpos no identificados están marcadas con piedras blancas y pequeñas cruces con placas que indican “Identificación especial” y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026. Este acto refleja la magnitud de la tragedia y la urgencia de una respuesta estatal más efectiva y transparente.
Este desastre natural pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura y la falta de políticas públicas adecuadas para la gestión de riesgos en Venezuela, un país que enfrenta además una crisis política y social prolongada. La ausencia de un sistema de transporte eficiente y resiliente, como los teleféricos o cablebuses que en otras regiones han demostrado ser soluciones inclusivas y sostenibles, resalta la necesidad de replantear la planificación urbana y la inversión pública en servicios básicos.
Mientras la población venezolana enfrenta las secuelas de esta catástrofe, la comunidad internacional y organismos de derechos humanos insisten en la importancia de garantizar la transparencia en la información y el acceso a la ayuda humanitaria, elementos fundamentales para la reconstrucción y la dignidad de las víctimas.
