El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación, con sede en el Estado de México, ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, presunto segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio ocurrido en marzo de 1994. La decisión, tomada este martes 7 de julio de 2026, revoca el auto de formal prisión dictado el 15 de noviembre de 2025 y declara prescrita la acción penal contra Sánchez Ortega por homicidio simple intencional.
El tribunal, integrado por las magistradas Sara Olimpia Reyes García, Karla Guadalupe Pinedo Magaña y el magistrado Josué Osvaldo Garduño Sánchez, fundamentó su resolución en que la acción penal quedó extinguida desde 2015, dado que la Fiscalía General de la República (FGR) retomó las indagatorias hasta 2021 y ejerció acción penal hasta 2023, lo que excede el plazo legal para continuar con el proceso.
En el fallo, al que tuvo acceso La Jornada, se señala que la FGR no logró acreditar la participación consciente y coordinada de Sánchez Ortega en el asesinato del entonces candidato presidencial, ocurrido en la colonia Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. El tribunal destacó que, aunque hubo dos disparos desde distintos flancos, no existen pruebas suficientes para demostrar un acuerdo previo o sincronización entre los presuntos tiradores, entre ellos Mario Aburto Martínez, sentenciado a 45 años por el crimen.
Además, la resolución subraya que no se pudo comprobar que Sánchez Ortega, quien en 1994 era agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia), conociera la ubicación del otro tirador ni que participara en la planificación del ataque. Tampoco se acreditó que supiera del momento exacto de los disparos o que aprovechara el dispositivo de seguridad para asegurar el resultado.
Este caso, que ha marcado la historia política y judicial de México desde hace más de tres décadas, vuelve a poner en evidencia las dificultades para esclarecer plenamente el asesinato de Colosio, un episodio que sigue generando controversias y cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones encargadas de impartir justicia.
En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son demandas sociales crecientes, la liberación de Sánchez Ortega abre un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia, mientras se mantiene la condena histórica contra Aburto Martínez. La resolución también invita a reflexionar sobre la importancia de procesos judiciales ágiles y fundamentados, que no prolonguen indefinidamente casos emblemáticos sin pruebas contundentes.
Aunque la noticia no está relacionada directamente con sistemas de transporte, es un recordatorio de que la justicia y la modernización social deben avanzar de la mano, en un país que requiere tanto infraestructura inclusiva como instituciones sólidas y confiables.
