La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió clasificar como reservada durante cinco años la información relacionada con las comunicaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Ambos políticos están involucrados en investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Esta reserva, revelada tras una solicitud de transparencia presentada por El Sol de México, abarca no solo las comunicaciones oficiales, sino también las gestiones diplomáticas, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación vinculados con ambos funcionarios. La Cancillería justificó esta decisión argumentando que la divulgación podría “menoscabar” la confianza y los entendimientos entre ambos gobiernos, afectando la cooperación bilateral y la imagen internacional de México.
Además, el Gobierno federal clasificó por tres años las minutas de la reunión celebrada el pasado 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, miembros del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Este encuentro cobró especial relevancia tras trascender que Mullin habría planteado la entrega de Rocha Moya e Inzunza para enfrentar las investigaciones en territorio estadounidense.
Las solicitudes de acceso a la información, presentadas el 26 de mayo, buscaban conocer los detalles de las conversaciones entre ambos gobiernos sobre la situación jurídica de los políticos sinaloenses. La Unidad de Transparencia de la SRE informó que la petición fue turnada a la Subsecretaría para América del Norte y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que determinaron la clasificación.
El Comité de Transparencia señaló que los documentos contienen posiciones institucionales, solicitudes de cooperación internacional, estrategias de coordinación y análisis de información que, de hacerse públicos, podrían comprometer futuros mecanismos de colaboración y afectar la imagen de México frente a otros países.
Esta medida se da a 70 días de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera una acusación formal contra Rocha Moya, Inzunza y ocho funcionarios más del estado de Sinaloa, señalándolos por presuntos nexos con el crimen organizado. Terrance Cole, administrador de la DEA, afirmó que “los acusados utilizaron posiciones de confianza para proteger operaciones criminales y facilitar una tubería de drogas mortales hacia Estados Unidos”.
En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son demandadas por la sociedad, la decisión de la SRE de mantener esta información bajo reserva plantea cuestionamientos sobre el equilibrio entre la confidencialidad diplomática y el derecho a la información pública. Mientras tanto, la sombra de la impunidad y la influencia política en casos de alto impacto persiste, en un país que sigue enfrentando la compleja relación entre poder, justicia y seguridad.
