El linchamiento, una forma extrema de violencia colectiva, continúa sin estar tipificado como delito en Puebla, a pesar de que la entidad se encuentra entre las siete con mayor número de casos en el país. Esta realidad fue denunciada por el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, quien urgió al Congreso del Estado a aprobar una reforma para sancionar con mayor severidad a quienes recurran a la justicia por propia mano.
El llamado del legislador se dio tras el lamentable episodio ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Cohuecan, donde una persona fue víctima de un linchamiento. Villegas Mendoza destacó que, según los reportes, la víctima era un comerciante dedicado a la compra de chatarra y no un delincuente, lo que evidencia la gravedad y la injusticia de estos actos.
“Puebla, en los últimos años, se ha colocado entre los siete primeros lugares con más casos de linchamientos en todo el país. Además, este delito no está tipificado actualmente en la legislación estatal”, señaló el diputado. Ante esta situación, propuso penas de hasta 15 años de prisión para los autores materiales y hasta 10 años para quienes inciten o promuevan estos actos violentos.
El legislador enfatizó que ningún acto de violencia colectiva puede justificarse, incluso cuando se trate de la detención de presuntos delincuentes. Subrayó la importancia de que las personas afectadas por algún delito permitan la intervención de las autoridades competentes y eviten acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de terceros.
Además, hizo un llamado a los ayuntamientos para fortalecer los protocolos de atención ante posibles intentos de linchamiento y para solicitar oportunamente el apoyo de las autoridades estatales, con el fin de evitar más tragedias.
Este debate cobra relevancia en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones y la falta de acceso a sistemas de justicia efectivos alimentan la violencia colectiva. En este sentido, la propuesta de tipificar el linchamiento no solo busca castigar, sino también proteger a la ciudadanía y fortalecer el Estado de derecho en Puebla.
Mientras tanto, la ausencia de una legislación clara sobre este fenómeno deja un vacío legal que dificulta la prevención y sanción de estos actos, perpetuando un ciclo de violencia que afecta a comunidades enteras. La iniciativa de Villegas Mendoza representa un paso necesario para enfrentar esta problemática desde el ámbito legislativo y social.
