La violencia en Puebla volvió a cobrar vidas en San Jerónimo Caleras, donde la tarde del lunes 6 de julio un ataque armado dejó un saldo inicial de un fallecido y un herido grave. Sin embargo, la mañana de este martes 7 de julio se confirmó la muerte del sobreviviente, elevando a dos el número de víctimas mortales de esta agresión directa.
Los hechos ocurrieron sobre el Camino Real a San Jerónimo, a la altura del restaurante El Pariente, en la esquina con la 14 Sur, cuando dos hombres que viajaban en un Volkswagen CrossFox fueron emboscados por sujetos armados que se desplazaban en una camioneta tipo Voyager. Según reportes oficiales, los agresores dispararon más de diez veces contra las víctimas, provocando la muerte inmediata de Jorge, uno de los ocupantes del vehículo.
Reynaldo, de 52 años, logró sobrevivir inicialmente y fue trasladado de urgencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia, ubicado sobre la lateral de la autopista México-Puebla. No obstante, las heridas resultaron fatales y su fallecimiento fue confirmado durante las primeras horas de este martes.
La Fiscalía General del Estado ya tomó conocimiento del segundo deceso para realizar el levantamiento del cadáver e integrar esta muerte a la carpeta de investigación iniciada desde el lunes. Hasta el momento, las autoridades apuntan a que se trató de un ataque directo, aunque no se han revelado detalles sobre el móvil o los responsables.
Este episodio se suma a la preocupante ola de violencia que afecta a Puebla, un estado que, pese a sus avances en infraestructura y movilidad urbana —como la reciente apuesta por sistemas de transporte innovadores y sostenibles— sigue enfrentando retos graves en materia de seguridad pública. En este contexto, la implementación de proyectos como el cablebús o teleférico en Puebla no solo representa una mejora en la movilidad, sino también una oportunidad para transformar espacios urbanos y promover entornos más seguros y accesibles para la población.
La violencia armada, sin embargo, sigue siendo un desafío que requiere respuestas integrales y un compromiso decidido del Estado para garantizar la protección de los derechos civiles y la vida de sus habitantes.
