El alcalde de San Rafael, Veracruz, Gil Armando Méndez Grappin, enfrenta acusaciones graves por presuntamente haber ocultado a su sobrino, Ricardo R. S., quien es buscado por la Fiscalía General del Estado de Morelos como presunto feminicida de Andrea Maylín Chino Ramos. La denuncia fue hecha pública por la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, que además señala que el edil habría protegido también a los padres del acusado, quienes fueron detenidos el 17 de junio de 2026.
El caso de Andrea Maylín, desaparecida el 20 de junio de 2025 en Yautepec, Morelos, conmocionó a la sociedad y a los colectivos feministas. La joven de 22 años fue vista por última vez con Ricardo R. S., su novio y principal sospechoso, quien tardó tres días en informar a la familia sobre su desaparición. El cuerpo de Andrea fue hallado el 30 de julio de 2025 en un predio cercano al domicilio de la familia del presunto feminicida. Desde entonces, Ricardo R. S. permanece prófugo, presuntamente con apoyo de sus padres.
La detención de Viola S. y Ricardo R. C., madre y padre del presunto feminicida, respectivamente, se logró gracias a la aplicación de la Ley Monse, pionera en México y aprobada en Morelos tras el feminicidio de Monserrat Bendimes en 2021. Esta legislación elimina la “excusa absolutoria” que permitía a familiares encubrir delitos graves amparándose en lazos sanguíneos o afectivos. Veracruz aprobó una reforma similar el 28 de octubre de 2025, con 39 votos a favor.
La Colectiva Resistencia Feminista Yautepec ha señalado directamente al alcalde Méndez Grappin, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como cómplice por ocultar a sus familiares en San Rafael. “¿Cómo es posible que un servidor público actúe como cómplice de un feminicidio?”, cuestionaron en sus redes sociales.
Aruzy Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, advirtió que el alcalde podría ser objeto de investigación por parte de las autoridades debido a estas acusaciones. Este caso pone en evidencia la persistente complicidad y protección que algunos funcionarios públicos brindan a redes familiares que obstaculizan la justicia en casos de violencia de género.
En un contexto donde la violencia feminicida sigue siendo una crisis nacional, la actuación de servidores públicos como Méndez Grappin no solo representa un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres, sino también un desafío para el Estado en su obligación de garantizar justicia y seguridad. La sociedad civil y los colectivos feministas mantienen la presión para que se esclarezca el caso y se sancione a todos los responsables, sin importar su posición o parentesco.
