Una investigación publicada este miércoles 17 de junio de 2026 por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena empleó la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para realizar 252 mil pagos catalogados como “apoyos sociales” en todo el país, sin reportar esta operación a las autoridades electorales y con posibles violaciones a la ley antilavado de dinero.
El contrato original entre Morena y Finabien se firmó el 1 de junio de 2022 por un año, pero fue modificado para extender su vigencia hasta el 28 de junio de 2024, apenas semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum resultó ganadora. Según los documentos obtenidos por MCCI, el acuerdo estipulaba explícitamente la prestación de servicios para el “pago de apoyos sociales”.
Morena pagó 3 millones 520 mil pesos en comisiones a Finabien, que cobraba 12 pesos más IVA por cada pago realizado. Sin embargo, una auditoría interna de Finabien identificó que solo se efectuaron 140 mil 878 operaciones reales, por lo que se reintegraron a Morena 1.6 millones de pesos por comisiones pagadas en exceso. Aunque no se detalla el monto exacto de cada apoyo, MCCI subraya que, incluso con un mínimo de 100 pesos por pago, el desembolso total sería millonario.
La investigación destaca tres irregularidades principales:
1. Ocultamiento al Instituto Nacional Electoral (INE): Morena no reportó el contrato ni el origen de los recursos para estos apoyos en sus informes de rendición de cuentas 2022-2024. Esta “megaoperación” contrasta con las cifras oficiales, ya que los candidatos de Morena y su coalición reportaron solo cerca de 33 mil operaciones financieras en sus gastos de campaña de 2024, mientras que Finabien realizó más de 250 mil transferencias.
2. Uso ilegal de recursos: Ni la ley electoral ni los estatutos de Morena autorizan la entrega de “apoyos sociales”. Un ex consejero electoral consultado por MCCI calificó esta práctica como ilegal y la vinculó con mecanismos para pagar a representantes de casilla sin que esos gastos se contabilicen en los topes de campaña, comparándola con el polémico “caso Monex” de 2012.
3. Violación a la ley antilavado: La auditoría interna de Finabien, con resultados emitidos en diciembre de 2025, concluyó que el contrato incumplió los protocolos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A pesar de una alerta emitida en enero de 2023 sobre la necesidad de controles antilavado, las autoridades no actuaron.
Al cierre de la investigación, MCCI informó que solicitó a la dirigencia nacional de Morena su postura sobre estos hallazgos, pero no recibió respuesta.
Este caso pone en evidencia la persistencia de prácticas opacas en el manejo de recursos públicos y partidistas, que afectan la transparencia electoral y la confianza ciudadana. En un contexto donde el Estado debe fortalecer sus mecanismos de control y rendición de cuentas, resulta indispensable que se investiguen a fondo estas irregularidades para garantizar procesos democráticos limpios y el respeto a la ley.
