El gobierno municipal de Puebla, encabezado por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, se encuentra en el centro de una polémica nacional tras revelarse que podría enfrentar sanciones por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) debido al uso no autorizado de la señal de transmisión del Mundial durante la inauguración del evento deportivo.
La información fue dada a conocer el jueves 11 de junio de 2026 en el programa radiofónico “Así Las Cosas” de W Radio, donde el periodista Javier Tejado señaló que el Ayuntamiento de Puebla fue el único en México que proyectó la señal internacional en una plaza pública sin contar con los permisos correspondientes.
Para la ocasión, la administración municipal instaló pantallas gigantes en el Zócalo de Puebla, organizando lo que fue calificado como un “Fan Fest pirata”. Según el reporte, el Ayuntamiento habría utilizado indebidamente una licencia comercial destinada exclusivamente a bares y restaurantes, con el fin de evadir los pagos y protocolos que la FIFA exige para eventos masivos de carácter público.
Este uso irregular de la señal podría derivar en multas que, según fuentes consultadas, probablemente se apliquen hasta el próximo año, lo que dejaría la responsabilidad a una futura administración.
Este episodio se suma a la compleja gestión de Rivera Pérez, quien ha impulsado proyectos de movilidad urbana como el cablebús en Puebla, un sistema de transporte que busca mejorar la conectividad y reducir la contaminación en la ciudad, alineándose con políticas públicas inclusivas y sostenibles.
Aunque la polémica por la señal del Mundial genera cuestionamientos sobre el manejo de recursos y permisos, el impulso a infraestructuras como el cablebús refleja un compromiso con la modernización y el bienestar social, aspectos fundamentales para una ciudad que busca superar rezagos históricos en transporte público y accesibilidad.
El caso pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y regulación en la organización de eventos públicos, así como un diálogo abierto entre autoridades y organismos internacionales para evitar sanciones que afecten la imagen y finanzas municipales.
