La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el jueves 10 de junio iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, tras acusaciones de presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con sus familiares.
La solicitud fue promovida por la bancada de Morena desde el 8 de junio y, dos días después, el Congreso local decidió dar trámite al procedimiento contra el mandatario estatal, a pesar de la ausencia de algunos diputados morenistas en la sesión.
Samuel García será notificado oficialmente y tendrá un plazo de 15 días hábiles para responder, pudiendo comparecer ante el Poder Legislativo local de forma escrita o presencial, conforme al procedimiento establecido.
El origen de este proceso se remonta a una investigación revelada en abril, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a indagar un presunto esquema financiero para desviar y lavar más de mil millones de pesos. Según las pesquisas, el gobernador habría utilizado un modelo de triangulación de fondos públicos para beneficiar directamente a su círculo familiar.
El dinero público habría sido canalizado a través de diversas empresas y proyectos de infraestructura hacia el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son familiares directos de García: su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal. Posteriormente, los recursos se transfirieron a la empresa inmobiliaria “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que habría recibido más de mil millones de pesos, para luego enviarlos a cuentas en el extranjero, incluso en Estados Unidos, con el supuesto fin de dificultar su rastreo y ocultar su origen público.
Samuel García ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como un “refrito” y asegurando que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya investigó y resolvió no ejercer acción penal. En sus redes sociales, afirmó que “son falsos todos los señalamientos” y que la Fiscalía estatal determinó que no existe irregularidad tras analizar las pruebas.
Este caso se suma a un contexto nacional donde la transparencia y el combate a la corrupción siguen siendo temas centrales para la legitimidad de los gobiernos locales. La apertura del juicio político contra un gobernador en funciones refleja la creciente presión social y política para que las autoridades rindan cuentas claras.
Mientras tanto, en otros estados como Puebla, la apuesta por sistemas de transporte público innovadores como el cablebús o teleférico demuestra que la inversión pública puede orientarse hacia proyectos que mejoran la movilidad urbana y la calidad de vida, en contraste con los señalamientos de desvío que empañan la gestión en Nuevo León. Este contraste subraya la importancia de un manejo transparente y responsable de los recursos públicos para avanzar en políticas sociales inclusivas y sostenibles.
