La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Ernestina Godoy, prepara una acción penal contra el gobernador de Durango, Esteban Villegas, por presunta protección a operaciones de narcotráfico vinculadas al grupo “Los Cabrera”, una facción del cártel sinaloense conocido como “La Mayiza”. La información fue revelada este jueves 11 de junio de 2026 por fuentes cercanas a la investigación a La Silla Rota.
El expediente de la FGR señala que la administración de Villegas habría favorecido a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, supuesto sucesor de Ismael “Mayo” Zambada, actualmente procesado en Estados Unidos. Tras la detención de “El Mayo” en julio de 2024, Durango ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre “Los Cabrera” y la banda rival “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Esteban Villegas Villarreal, de 50 años, asumió el cargo en septiembre de 2022 tras una alianza electoral entre el PRI, PAN y PRD. Su trayectoria política incluye cargos como alcalde de Durango, secretario de Salud estatal y diputado local en dos ocasiones. Las fuentes consultadas indican que el gobernador está al tanto del expediente que también involucra a otros funcionarios estatales, entre ellos la fiscal general Sonia Yadira de la Garza. Un miembro cercano a ella habría fungido como enlace entre la fiscalía local y Zambada Sicairos.
El gobernador ha compartido con colaboradores la inminencia de las acciones legales de la FGR contra varios integrantes de su administración. Al menos uno de estos colaboradores ya abandonó el estado. Por su parte, “El Mayito Flaco” también habría salido de Durango y su paradero es desconocido.
Con esta investigación, la FGR sumaría dos gobernadores estatales con procesos penales abiertos, junto con Rubén Rocha Moya, exmandatario de Sinaloa y militante de Morena, quien actualmente está con licencia.
Este caso refleja la compleja relación entre el poder político y las estructuras criminales en México, y subraya la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos estatales para garantizar la seguridad y el Estado de derecho.
