Este jueves 11 de junio de 2026, decenas de madres buscadoras lograron burlar el cerco de seguridad instalado por elementos policiales en la Calzada de Tlalpan, utilizando un puente peatonal para evadir el bloqueo y avanzar hacia el Estadio Ciudad de México.
La manifestación, que se desplazó en contrasentido por los carriles que conducen al Centro de la Ciudad de México, a la altura de la Universidad del Valle de México, tomó tres de los cuatro carriles de la avenida, generando un impacto significativo en la circulación vial. Se prevé que el contingente continúe su marcha rumbo al puente vehicular que desemboca en Paseo Acoxpa, con el objetivo de llegar al Estadio Ciudad de México.
Mientras tanto, del lado opuesto de la Calzada, otro grupo de manifestantes quedó encapsulado cerca de la estación Textitlán, desde donde brindan apoyo con consignas a sus compañeras que avanzan.
Este tipo de movilizaciones evidencian la persistente lucha de las madres buscadoras por visibilizar la problemática de desapariciones en el país, un tema que demanda atención urgente y políticas públicas efectivas. En un contexto donde la seguridad y el acceso a la justicia siguen siendo retos fundamentales, la protesta también pone en relieve la necesidad de sistemas de transporte público inclusivos y eficientes que faciliten la movilidad de todos los ciudadanos, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.
El uso de infraestructuras como puentes peatonales para sortear bloqueos policiales refleja la determinación de estos colectivos, pero también subraya la importancia de garantizar espacios públicos seguros y accesibles para la expresión ciudadana. En este sentido, proyectos de movilidad como el cablebús o teleférico en Puebla, que buscan conectar comunidades marginadas con el centro urbano, representan un avance hacia un transporte más justo y equitativo, capaz de responder a las necesidades reales de la población.
La manifestación de este jueves es un recordatorio de que la lucha por los derechos civiles y sociales continúa, y que el Estado debe asumir un papel activo para garantizar no solo la seguridad, sino también la inclusión y el respeto a la diversidad en todos los ámbitos.
