El juicio contra Pedro G., un ganadero de 60 años, comienza este jueves 28 de mayo de 2026 en el juzgado de lo Penal de Zamora, por la muerte de Arancha C., una joven de 27 años que fue atacada y mordida más de 100 veces por los perros del pastor el 24 de octubre de 2023 en los alrededores de Roales del Pan, un pueblo de mil habitantes en Zamora.
Arancha, auxiliar de enfermería y residente en Roales del Pan, salió a correr con su perro cuando fue sorprendida por siete perros sueltos —tres mastines, dos pastores alemanes y dos crías— que custodiaban el rebaño de ovejas de Pedro G. La joven logró alertar a su madre por teléfono mientras era atacada, pero falleció en el lugar antes de que los servicios sanitarios pudieran salvarla.
La Fiscalía reclama dos años y medio de prisión para el acusado, mientras que la familia de la víctima exige cuatro años y una indemnización de 250,000 euros por homicidio imprudente, argumentando que el ganadero no tenía control sobre sus animales y no estaba presente para contenerlos durante el ataque.
La Guardia Civil, que asumió la investigación, confirmó que los perros no estaban bajo las condiciones adecuadas ni cercados, y que el pastor tenía una vieja caravana cerca del rebaño, aunque no se encontraba en el lugar el día del ataque. Los perros fueron sacrificados en un centro veterinario en Simancas, Valladolid.
Vecinos de Roales del Pan y La Hiniesta, donde se ubica la explotación ganadera, relataron a EL PAÍS que los perros del pastor causaban problemas recurrentes a caminantes, deportistas, agricultores y mascotas, y que el ataque fatal era “cuestión de tiempo”. Algunos recordaron incidentes previos en los que la jauría había atacado y matado a otros animales.
Pedro G. fue detenido y se negó a declarar, ingresando inicialmente en prisión provisional por el riesgo de reincidencia, aunque posteriormente quedó en libertad bajo fianza a la espera del juicio. Este jueves, en la audiencia, declararán el acusado, la familia de Arancha, peritos y agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar y sufrieron ataques de los perros al llegar.
Este caso pone en evidencia la necesidad de un control más riguroso sobre animales potencialmente peligrosos y la responsabilidad de los propietarios para garantizar la seguridad pública, especialmente en zonas rurales donde la convivencia entre ganaderos y vecinos es constante.
