Tres días después de la tragedia que conmocionó a la sociedad poblana, la Secretaría de Salud del estado colocó sellos de suspensión en la clínica Detox, ubicada en la Calzada Zavaleta. Esta acción se llevó a cabo tras la desaparición de Blanca Adriana Vázquez, quien fue vista por última vez con vida al ingresar a dicho establecimiento para someterse a un procedimiento estético.
El inmueble quedó asegurado luego de una inspección realizada el pasado martes 19 de mayo. Las autoridades estatales mantienen abierta una investigación por el delito de usurpación de profesión, ya que la propietaria operaba en la clandestinidad y bajo identidades falsas. De acuerdo con las indagatorias, la dueña del lugar, quien se hacía llamar Diana, Giovanna o Juana, no cuenta con cédula profesional que la acredite como médica o cirujana estética.
Arturo, el dueño del edificio, relató que hace tres meses rentó el penthouse del segundo piso a una mujer identificada como Diana. Según el arrendador, ella nunca le informó que instalaría una clínica; por el contrario, le aseguró que viviría ahí junto a su hijo, Carlos.
Hasta el momento, la supuesta doctora, su hijo Carlos y la recepcionista del lugar son los principales sospechosos de la desaparición de Blanca Adriana, ocurrida el lunes 18 de mayo. La sospecha se fortaleció gracias a los videos de las cámaras de seguridad, en los que se observa que ese lunes, minutos después de las 19:00 horas, los implicados sacaron del lugar un bulto —que correspondía a la víctima— y lo subieron a un vehículo.
Finalmente, este día trascendió la noticia de que Blanca Adriana fue localizada sin vida en Atltzayanca, Tlaxcala. El cuerpo fue hallado en una zanja en la calle 4 Norte, en el municipio referido del estado vecino, luego de que autoridades recibieran una llamada al 911 reportando a una mujer desmayada.
Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de reforzar la regulación y supervisión de establecimientos médicos, así como de combatir la usurpación de profesiones, prácticas que ponen en riesgo la vida de las personas y vulneran gravemente sus derechos.
