Este jueves, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad una reforma histórica al Código Penal local para sancionar con hasta 22 años y medio de prisión la cohabitación forzada, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables. Con esta decisión, Puebla se convierte en la decimotercera entidad del país en legislar contra una práctica que perpetúa la violencia, la discriminación y la desigualdad social.
La reforma al artículo 224 del Código Penal establece una pena de 8 a 15 años de cárcel para quienes obliguen a menores de 18 años o personas vulnerables a unirse informalmente con otra persona en condiciones similares al matrimonio. La sanción puede aumentar hasta 22 años y medio si la víctima es parte de una comunidad indígena o afromexicana, o si el agresor tiene una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia con la persona afectada.
El dictamen fue impulsado por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM), quienes subrayaron la urgencia de combatir una problemática que afecta principalmente a mujeres y niñas. Según datos presentados en la discusión, una de cada cinco mujeres en Puebla se une en pareja antes de cumplir los 18 años, perpetuando ciclos de deserción escolar y embarazo adolescente.
La magnitud del problema es alarmante: en 2022, más de 9 mil bebés nacieron de madres menores de 15 años en México. Puebla, en particular, registró en 2025 una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, superando el promedio nacional de 2.39, según el Consejo Nacional de Población (Conapo). Este indicador mantiene al estado entre los diez con mayor incidencia de nacimientos en niñas de ese rango de edad, reflejando la persistencia de discriminación estructural, pobreza, usos y costumbres, y uniones arregladas entre familias.
Aunque la proporción estatal ha disminuido respecto a 2018, cuando se reportaron 3.68 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14 años, la reducción no ha sido suficiente para sacar a Puebla del grupo de entidades con mayor problemática. El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, elaborado por Conapo, ubicó el año pasado a Puebla en el octavo lugar nacional, solo detrás de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Michoacán y Veracruz.
La reforma aprobada este jueves busca no solo castigar con mayor severidad a los responsables, sino también visibilizar y atender las raíces estructurales de la violencia de género y la exclusión social. El Congreso de Puebla envía así un mensaje claro: la protección de los derechos de niñas, adolescentes y personas vulnerables es una prioridad, y el Estado debe asumir un papel activo para erradicar prácticas que perpetúan la desigualdad y la violencia.
