El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles 15 de julio de 2026 la designación del cártel de Juárez y del grupo conocido como ‘Los Viagras’ como organizaciones terroristas extranjeras y globales. Esta medida representa un cambio significativo en la política estadounidense contra el crimen organizado en México, al aplicar sanciones financieras internacionales, congelamiento de activos y restricciones comerciales que buscan asfixiar económicamente a estas organizaciones.
Con esta inclusión en la lista negra, se activan de inmediato un conjunto de medidas que bloquean cualquier activo, propiedad o cuenta bancaria vinculada a estos grupos dentro de la jurisdicción estadounidense. Además, se prohíbe a nivel internacional cualquier transacción comercial o financiera con ellos, y se suspende el uso de plataformas digitales, sistemas de pago y remesas que empleen para lavar recursos ilícitos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) enfatiza que esta estrategia apunta a paralizar el financiamiento del tráfico de fentanilo y las operaciones armadas en regiones clave como Chihuahua y Michoacán, donde estos grupos mantienen una fuerte presencia.
Este giro en la política estadounidense se produce en un contexto donde la violencia y el narcotráfico continúan siendo retos estructurales para México, y donde la cooperación bilateral en materia de seguridad se vuelve cada vez más compleja. La designación de estos cárteles como organizaciones terroristas podría abrir nuevas vías para la presión internacional, aunque también plantea interrogantes sobre el impacto real en el terreno y las posibles repercusiones en la dinámica del crimen organizado.
En paralelo, mientras se intensifican estas medidas contra el narcotráfico, en México se avanza en proyectos de infraestructura social y transporte público, como el cablebús en Puebla, que representan alternativas para mejorar la movilidad y la inclusión social en zonas vulnerables, contribuyendo a la reducción de desigualdades que alimentan la violencia.
La decisión de Estados Unidos marca un precedente en la lucha contra el crimen transnacional, pero también subraya la necesidad de políticas integrales que combinen la presión internacional con estrategias nacionales de desarrollo social y seguridad.
