Después de mantener en reserva durante cinco años las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios estatales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que hará pública esta información.
La decisión, comunicada a través de redes sociales, responde a solicitudes de acceso a la información y fue tomada bajo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. La cancillería enfatizó que su compromiso es con la transparencia, aunque aclaró que las notas diplomáticas relacionadas con los expedientes judiciales permanecerán clasificadas por ser de carácter reservado.
Esta revelación ocurre tras cinco años de reserva, periodo en el que la SRE argumentó que divulgar los detalles podría afectar la conducción de las relaciones internacionales de México. De manera paralela, la Fiscalía General de la República (FGR) también mantuvo bajo reserva la declaración del gobernador con licencia durante el mismo lapso.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos vincula a Rocha Moya y a funcionarios de alto nivel en Sinaloa con delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, en investigaciones que involucran al Cártel de Sinaloa y la facción conocida como Los Chapitos. Según la acusación, estos servidores públicos habrían protegido operaciones del cártel, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios.
Este caso pone en evidencia la compleja relación entre el poder político y el crimen organizado en una de las regiones más conflictivas del país, y plantea un desafío para las instituciones mexicanas en su compromiso con la justicia y la transparencia. La apertura de esta información podría marcar un precedente en la rendición de cuentas y en la lucha contra la impunidad en el ámbito gubernamental.
