Oscar Edmundo Aguayo Arredondo, ex regidor de Morena y ex asesor legislativo, fue arrestado tras agredir físicamente a su esposa, Celia Carolina Valadez Beltrán, actual regidora morenista en el ayuntamiento de Guanajuato. Los hechos ocurrieron en la colonia La Venada, donde vecinos alertaron a la Secretaría de Seguridad municipal sobre la agresión dentro de un vehículo.
Según el reporte oficial, los policías que acudieron al lugar escucharon a un menor de edad gritar que su padre estaba golpeando a su madre. Al llegar, aproximadamente diez personas se congregaron y señalaron a Aguayo Arredondo como responsable de la violencia frente al niño. La regidora indicó que no requería atención médica, pero el ex regidor se mostró agresivo con los oficiales, quienes procedieron a su detención.
Posteriormente, Celia Carolina y el menor fueron canalizados al área de trabajo social para ser atendidos y presentados ante el Ministerio Público.
Este episodio se suma a un historial polémico de Aguayo Arredondo, quien en marzo de 2025 fue objeto de un exhorto del Congreso de Guanajuato para que el Instituto Nacional Electoral revisara su candidatura a magistrado por el Décimo Sexto Circuito. Esto debido a que fue juzgado por un fraude de 237 mil pesos en perjuicio del Poder Legislativo.
Durante la legislatura 2015-2018, Aguayo fungió como asesor del primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros, y aprovechó su posición para desviar recursos públicos mediante facturas y firmas falsas. Diputados del PAN denunciaron que creó empresas fantasma y registró ilegalmente a ex compañeros universitarios para emitir facturas falsas y saquear fondos del Congreso estatal.
En un intento por evadir la justicia, Aguayo ofreció 50 mil pesos al Congreso local para silenciar el caso, oferta que fue rechazada. El juicio concluyó el 16 de marzo de 2022 con un acuerdo reparatorio en el que se comprometió a devolver 273 mil pesos en cuatro pagos.
Este nuevo incidente pone en evidencia la persistencia de conductas violentas y cuestionables en figuras políticas que, pese a su pasado, continúan en el ámbito público. La violencia familiar, especialmente cuando involucra a servidores públicos, exige una respuesta firme y un compromiso real con la protección de los derechos civiles y la igualdad de género.
