La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este miércoles 8 de julio de 2026 la apertura de nuevas investigaciones relacionadas con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, un hecho que ha desatado cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso.
En una conferencia de prensa, la fiscal Ernestina Godoy denunció posibles violaciones al derecho mexicano e internacional, al tiempo que señaló la existencia de un supuesto acuerdo entre Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y las autoridades estadounidenses para modificar la medida cautelar impuesta a “El Mayo”. Además, se habría autorizado el ingreso a Estados Unidos de 17 familiares de Zambada, lo que sugiere un pacto al margen de la ley.
Godoy también cuestionó la versión oficial del entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien negó la participación de agencias estadounidenses en la captura del líder del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, un reciente reporte periodístico atribuye la operación al FBI, lo que implica una contradicción grave y una posible mentira diplomática.
“Todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves: una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa la transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas, previsto en diversos tratados internacionales”, afirmó la titular de la FGR.
Este nuevo capítulo en la investigación sobre “El Mayo” revela la complejidad y opacidad que rodean la lucha contra el narcotráfico, donde las fronteras entre la legalidad y la impunidad parecen difuminarse. En un contexto donde la cooperación bilateral es fundamental para combatir el crimen organizado, estas acusaciones ponen en entredicho la confianza y la transparencia entre ambos países.
Mientras tanto, la sociedad mexicana sigue demandando un papel activo y responsable del Estado para garantizar justicia y respeto a los derechos humanos, sin que intereses políticos o acuerdos clandestinos comprometan la integridad del sistema judicial.
