La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” ha denunciado un intento de criminalización del ejercicio periodístico en Tenancingo, municipio gobernado por Nancy Nápoles Pacheco, tras la emisión de citatorios policiales contra cuatro comunicadores que integran el espacio “La Madeja Política de Tenancingo”.
Los periodistas Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez fueron notificados el pasado 2 de junio para comparecer ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) en Metepec, dentro de la carpeta de investigación 275/2026. En ella se les atribuyen presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación de la alcaldesa, derivado de publicaciones y comentarios en redes sociales.
El colectivo sostiene que las expresiones señaladas —que incluyen insultos, sarcasmo e ironía— forman parte del análisis crítico sobre la administración municipal, enfocándose en temas como servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y presuntos casos de nepotismo. Por su parte, la presidenta municipal habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada uno de los periodistas, argumentando que las publicaciones la revictimizan al retomar un presunto secuestro que ella misma difundió en un video.
Este caso abre un debate crucial sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de servidores públicos, así como sobre la ponderación del interés público frente a figuras políticas en funciones. La agrupación también denunció que la alcaldesa pidió a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su gestión y la difusión de contenidos periodísticos locales, lo que representa una restricción a la libre discusión pública y al debate democrático.
En un contexto donde la protección a periodistas y defensores de derechos humanos es una prioridad en el Estado de México, el colectivo hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al titular de la Fiscalía General de Justicia estatal y al Congreso local para garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico y evitar cualquier forma de intimidación o criminalización.
Este episodio refleja la tensión persistente entre autoridades y medios en regiones donde la crítica social y política es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas, pilares indispensables para fortalecer la democracia y los derechos civiles en México.
