La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) inició este viernes 12 de junio de 2026 una queja de oficio con carácter urgente contra cinco elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, tras la detención de una mujer en presencia de sus dos hijos menores, un caso que se viralizó en redes sociales y generó indignación ciudadana.
Rosa Isela Sánchez Soya, presidenta de la CDH Puebla, calificó la actuación policial como una presunta detención arbitraria y anunció que la Comisión ya investiga los hechos para determinar posibles violaciones a derechos humanos. La queja se abrió un día después de que circularan videos en los que se observa a la mujer sometida en el suelo mientras sus hijos lloran e intentan acercarse a ella, imágenes que provocaron una fuerte reacción pública y cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza.
El incidente ocurrió en el Parque Intermunicipal de Cholula, junto a la zona arqueológica, cuando la conductora de una camioneta habría impactado unos maceteros. Posteriormente, fue intervenida por policías municipales de San Andrés Cholula. Familiares y testigos denunciaron presuntos excesos durante la detención y señalaron que los menores también resultaron afectados durante el procedimiento.
Ante la polémica, la CDH Puebla decidió abrir la investigación de oficio para recabar evidencia, solicitar informes a la autoridad municipal y analizar si la actuación de los cinco policías se ajustó a los protocolos para el uso de la fuerza y la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Este pronunciamiento representa el primer posicionamiento institucional relevante sobre un caso que ha escalado rápidamente en la opinión pública debido a las acusaciones de brutalidad policiaca y la difusión masiva de los videos.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula no ha informado si existe una investigación interna contra los policías señalados ni si continuarán en funciones durante las indagatorias.
El caso reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de corporaciones municipales, especialmente cuando hay menores de edad presentes, un tema que exige mayor regulación y supervisión para garantizar el respeto a los derechos humanos.
La CDH Puebla reiteró que dará seguimiento puntual al expediente hasta esclarecer plenamente los hechos y determinar responsabilidades, en un contexto donde la protección de los derechos civiles y la atención a grupos vulnerables deben ser prioritarios para las autoridades locales.
