Un hombre fue retenido, amarrado con cinta adhesiva y golpeado por al menos dos personas en la zona centro del municipio de Nicolás Romero, luego de ser señalado por un presunto robo. Los hechos quedaron registrados en un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales y ha generado una fuerte indignación por la violencia ejercida y la forma en que fue sometido.
En las imágenes se observa al hombre inmovilizado con las muñecas sujetas a un tubo metálico mediante varias vueltas de cinta adhesiva transparente. También tenía los tobillos atados y parte de la cabeza cubierta con el mismo material, lo que limitaba por completo su movilidad. Mientras permanecía atado, dos sujetos le propinaron varios golpes con puños y patadas, principalmente en el abdomen y la espalda, sin que pudiera defenderse.
La grabación muestra que varias personas presenciaron la escena sin intervenir, lo que ha abierto un debate sobre los actos de justicia por propia mano, especialmente porque la víctima portaba una playera con el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, un detalle que ha añadido una dimensión política a la discusión.
De acuerdo con versiones preliminares, el hombre habría sido acusado de cometer un robo en la zona comercial del municipio. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que su presunta participación en algún delito sigue sin acreditarse.
Tras la agresión, el hombre fue entregado a elementos de la Policía Municipal para quedar a disposición de las autoridades competentes. Hasta el momento, ni el gobierno municipal ni la Fiscalía estatal han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido ni han informado si se inició alguna investigación por la agresión o por el presunto robo que motivó la retención.
Este caso pone en evidencia la persistente problemática de la justicia por mano propia en municipios del Estado de México, donde la desconfianza en las instituciones y la impunidad alimentan la violencia ciudadana. La ausencia de una respuesta institucional clara y oportuna contribuye a la normalización de estas prácticas, que vulneran derechos fundamentales y el debido proceso.
En un contexto donde el Estado debe garantizar la seguridad y la justicia con respeto a los derechos humanos, la violencia extrajudicial no puede ser una alternativa. La sociedad demanda un fortalecimiento real de las instituciones y políticas públicas que combatan la inseguridad sin sacrificar la legalidad ni la dignidad de las personas.
