El costo que cobró España para disputar el partido amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el pasado 8 de junio, permanece bajo reserva oficial y no podrá conocerse hasta dentro de cinco años. Esta decisión fue confirmada por las secretarías de Planeación y Finanzas, así como de Deporte y Juventud del gobierno de Alejandro Armenta, tras solicitudes de información realizadas por MTP Noticias.
Aunque en medios deportivos como Récord se difundió que el monto ascendió a tres millones de dólares, la administración estatal desmintió esta cifra y justificó la reserva argumentando que revelar el contrato afectaría las relaciones internacionales del Estado de Puebla. En los documentos oficiales se señala que “la divulgación de la información solicitada generaría una afectación real, identificable y razonablemente previsible en la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales que actualmente desarrolla el Estado de Puebla, vinculadas con la promoción, gestión y celebración de eventos deportivos de carácter internacional”.
El expediente que permanecerá cerrado hasta 2031 incluye el contrato firmado para la realización del evento, dictámenes que justificaron la contratación, documentos preparatorios, entregables, condiciones técnicas, operativas y económicas, así como toda la documentación complementaria relacionada con la negociación.
Además, la autoridad argumentó que revelar los términos económicos y condiciones pactadas podría permitir que futuras federaciones, promotoras, selecciones nacionales u organizadores ajusten sus exigencias, lo que colocaría a Puebla en una posición de desventaja en la gestión de eventos deportivos internacionales.
El encuentro entre España, que se coronó campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en el Mundial 2026, y Perú se disputó ante 45 mil 845 asistentes en el Estadio Cuauhtémoc, un recinto que, junto con la reciente apuesta por sistemas de transporte como el cablebús, refleja el interés de Puebla por consolidarse como sede de eventos de alto perfil y mejorar la movilidad urbana para sus habitantes.
Este hermetismo en torno a los costos contrasta con la creciente demanda social por transparencia en el manejo de recursos públicos, especialmente cuando se trata de eventos que involucran a figuras internacionales y que impactan en la imagen y economía local. La decisión de reservar la información por cinco años abre un debate sobre el equilibrio entre la protección de intereses estratégicos y el derecho ciudadano a la información.
