La destitución de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue una renuncia voluntaria, sino un cese ordenado desde el Ejecutivo tras descubrirse que fungía como informante de agencias estadounidenses desde hace al menos seis años, además de mantener nexos con redes de huachicol y extorsión, según reveló este viernes 17 de julio Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal.
Lara López, exencargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y militante de la ultraizquierda de la 4T, llegó a la FGR en enero de 2026 como fiscal especial para Asuntos Relevantes y vocero institucional. Sin embargo, apenas seis meses después, el martes 14 de julio anunció su renuncia por “motivos personales”.
De acuerdo con el periodista, desde la llegada de Lara se activó un operativo de contrainteligencia que destapó un “oscuro pasado” plagado de extorsiones, vínculos con huachicoleros y, lo más grave, su papel como informante de los servicios de inteligencia estadounidenses. Esta revelación detonó su cese inmediato desde las más altas esferas del Ejecutivo y generó una crisis interna en la Fiscalía.
El detonante para la salida de Lara fue la liberación, la semana pasada, de José Antonio Cortés, alias “El Titán”, líder del Cártel del Noreste, dedicado al lavado de dinero y contrabando de combustible. Las pesquisas, realizadas sin conocimiento de la fiscal Ernestina Godoy, evidenciaron que Lara había pactado con figuras vinculadas al contrabando fiscal, entre ellas Raúl Rocha Cantú, codueño del certamen Miss Universo e investigado por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde fungía como cónsul honorario.
Riva Palacio añade que, según reportes estadounidenses, esta red de huachicol fiscal estaría vinculada con el senador Adán Augusto López y con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador.
Además, Lara habría utilizado su posición para extorsionar a la familia Lozoya y a cercanos del empresario Alonso Ancira. La detención, hace dos semanas, de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, estaría relacionada con estas extorsiones. La FGR también reactivó recientemente el proceso penal contra Ancira, quien aún debe más de 112 millones de dólares a Pemex por reparación del daño.
Este caso expone, una vez más, la paradoja en la 4T: la corrupción no se castiga ni se investiga con rigor, pero la confianza se paga con despidos fulminantes. Riva Palacio señala que, aunque los delitos de Lara habrían justificado una investigación formal, la respuesta fue su cese inmediato, evidenciando una lógica política que prioriza la lealtad sobre la justicia.
En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son urgentes para fortalecer las instituciones, la crisis en la FGR pone en evidencia las tensiones internas y la fragilidad de un sistema que, pese a sus discursos, sigue permeado por prácticas opacas y redes de poder que desafían la legalidad.
