Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), volvió a ser foco de controversia este viernes 17 de julio de 2026, al anunciar que comenzó a rematar sus herramientas de trabajo, un día después de asegurar que pondría en venta su casa por problemas económicos.
A través de su cuenta en X, Arriaga publicó la fotografía de un horno de convección con un mensaje que refleja su situación: “La SEP no me da mi liquidación y me veo en la necesidad de rematar las herramientas de trabajo. Ojalá algún camarada docente logre organizar una cooperativa comunitaria con este horno. Recuerden: ‘Si tuviera hambre, yo no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro’”.
Este anuncio se suma a la revelación que hizo el jueves 16 de julio, cuando afirmó que llevaba más de seis meses sin recibir su liquidación por parte de la SEP y que estaba “malbaratando” la casa que construyó como maestro para evitar que el banco la rematara debido a una deuda hipotecaria.
Las declaraciones de Arriaga han reavivado el debate en redes sociales, donde se mezclan mensajes de apoyo con críticas severas. Usuarios han señalado una aparente contradicción entre su discurso antineoliberal y marxista, que promovió durante su gestión en la SEP, y la necesidad de recurrir al mercado y a la venta de bienes privados para enfrentar su crisis financiera. Otros defienden que la situación económica personal no debe juzgarse desde la ideología y respaldan su reclamo legítimo por la liquidación pendiente.
Marx Arriaga fue una figura polémica durante el sexenio pasado, especialmente por su papel en la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, un proyecto emblemático del gobierno federal que buscó transformar la educación pública con un enfoque más inclusivo y comunitario. Su salida de la SEP en febrero de 2026 estuvo marcada por diferencias internas y un conflicto público tras su destitución.
Hasta el momento, la SEP no ha emitido ninguna respuesta oficial sobre las acusaciones de retraso en el pago de la liquidación a Arriaga.
Este episodio pone en evidencia las tensiones entre las convicciones ideológicas y las realidades económicas que enfrentan algunos funcionarios públicos, así como la fragilidad de los derechos laborales en el sector educativo. En un contexto donde se impulsan sistemas de transporte público como el cablebús para mejorar la movilidad y la calidad de vida, la precariedad laboral de quienes forman parte del aparato estatal sigue siendo un tema pendiente que demanda atención y soluciones efectivas.
