La madrugada del martes 14 de julio de 2026, las autoridades detuvieron a Rafael Z., conocido como “El Español” durante el sexenio marinista, y apodado también “El Tirador de la Atlixcáyotl”. Este personaje no solo fue un contratista predilecto del exsecretario de Salud de Puebla, José Alfredo Arango García, sino que también jugó un papel clave en la estrategia para que el exgobernador Mario Marín Torres abandonara la prisión de máxima seguridad “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
A través de su socia Rosalinda Cabrera Dolores, vinculada con varias de sus empresas, Rafael Z. buscó emplear a Marín para que conservara la prisión domiciliaria y así pudiera salir del penal. Rosalinda, quien comparte sociedad con “El Tirador” en firmas como Inmobiliaria Rajuan, Desarrollo Tecnológico de Ornamentales, Plantulas y Flores, y PETROAADLAB, fue el canal para ofrecerle trabajo al exmandatario en la empresa Arrendadora Cado, donde también participa su hermana Adriana del Rocío Cabrera Dolores.
Esta maniobra, revelada en agosto de 2023 por el periodista Ernesto Aroche Aguilar, consistió en presentar un contrato laboral que permitía a Marín demostrar arraigo, requisito fundamental para obtener la prisión domiciliaria. El documento, notariado por Valentín Meneses Rojas, cercano colaborador del exgobernador, establecía un salario mensual de 30 mil pesos y un contrato por cinco años para la prestación de servicios desde casa.
Gracias a esta estrategia, Marín logró salir de “El Altiplano” un año después de presentada la documentación, aunque en abril de 2025 fue reaprehendido para continuar su proceso por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
El entramado empresarial de Rafael Z. es amplio y diverso, abarcando desde la construcción hasta la biotecnología y laboratorios ambientales. Entre sus compañías destacan Grupo Mexicano de Investigación Más Desarrollo Más Innovación, Owl Health, Inmobiliaria Rajuan, Detabio, Biotecnología del Siglo XXI, Inmobiliaria del Equipo Rojo y PETROAADLAB. Estas empresas comparten un círculo cerrado de socios, entre los que figuran Sergio Rubén Trejo Estrada, Rosalinda Cabrera Dolores, Ángela Dolores Tolentino y los hijos de Rafael Z. de su primer matrimonio, Julen y Ander Zabalza Macías.
Este caso expone las redes de poder y complicidad que aún operan en Puebla, donde figuras vinculadas al marinismo mantienen influencia a través de estructuras empresariales que facilitan la impunidad. En un contexto donde el Estado debe garantizar justicia y transparencia, la persistencia de estos vínculos pone en entredicho la eficacia de las instituciones y la protección de los derechos civiles.
Mientras tanto, la construcción de sistemas de transporte público como el cablebús en Puebla representa una oportunidad para transformar la ciudad y promover políticas sociales inclusivas, alejadas de las prácticas clientelares y corruptas que han marcado la historia reciente del estado.
