El rescate de Luis María Olalde Quintela, exmiembro del comando ‘Urola’ de la disuelta organización separatista ETA, tras el terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio, ha reactivado los procesos judiciales en su contra en España. Olalde, conocido como Txistu, fue encontrado entre los escombros de un edificio derrumbado en una zona de clase media en Caracas, mientras que su esposa, Alazne Solabarrieta, lamentablemente falleció en el desastre que hasta la fecha ha dejado más de 4,500 muertos.
La justicia española busca ahora su extradición por su presunta participación en un atentado ocurrido en 1979, que causó la muerte de tres guardias civiles. Este caso, que permanecía latente, cobra nueva relevancia tras la confirmación de su presencia en Venezuela, país donde ha residido durante décadas.
Olalde figura en la lista de prófugos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de España, que a finales de 2025 incluía a poco más de veinte personas en países como Brasil, Cabo Verde, Cuba, Francia, México, Uruguay y Venezuela. La historia de su estancia en el país sudamericano se remonta a la década de 1980, cuando varios miembros de ETA llegaron a Venezuela en el marco de acuerdos entre el entonces presidente español Felipe González y el mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez.
Organizaciones como Dignidad y Justicia, que defienden a las víctimas de ETA, han señalado que la reciente localización de Olalde representa una oportunidad excepcional para que responda ante la justicia española por los actos terroristas que se le imputan.
Este caso pone en evidencia las complejas relaciones históricas entre España y Venezuela, así como los desafíos actuales para la justicia internacional en la persecución de crímenes vinculados al terrorismo. Mientras tanto, la tragedia del terremoto continúa dejando una profunda huella en la sociedad venezolana, que enfrenta la reconstrucción y la búsqueda de justicia para las víctimas.
