La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que la cifra de víctimas mortales por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio en la región norte del país ya alcanza al menos 2,595 fallecidos. Además, detalló que 12,400 personas resultaron lesionadas a causa de este desastre natural.
Acompañada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, Rodríguez destacó que los esquemas de emergencia pública han logrado poner a salvo a un total acumulado de 6,462 personas. Entre los rescates más significativos, resaltó el caso de Hernán Gil, un ciudadano venezolano de 43 años que fue rescatado tras permanecer ocho días sepultado bajo los restos de un edificio en la urbanización costera de Playa del Mar. Este operativo, calificado como un logro crítico por los cuerpos de socorro, requirió un dispositivo continuo de más de 72 horas y la intervención directa de un centenar de especialistas internacionales.
Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el contingente de ayuda humanitaria desplegado en la zona de desastre incluye a 3,000 rescatistas internacionales distribuidos en las regiones afectadas, quienes han logrado localizar y extraer con vida a 13 personas durante la última semana.
En respuesta a las críticas por presunta dilación en la activación de los protocolos de auxilio, Delcy Rodríguez rechazó los señalamientos y aseguró que “inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto”. Subrayó que a pocas horas de los sismos se emitió un decreto para atender la emergencia y se desplegó el sistema de protección civil y defensa pública, negando que se hayan postergado las decisiones operativas.
Este balance revela la magnitud del desastre y la complejidad de la respuesta institucional en un país que enfrenta múltiples desafíos sociales y económicos. La coordinación internacional y la rapidez en los rescates son elementos clave para mitigar el impacto de estos fenómenos naturales, que en contextos vulnerables como el venezolano, exigen un papel activo y eficiente del Estado para proteger a la población.
