Este martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo crucial que rechaza la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, la cual pretendía restringir el acceso automático a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal.
Con una votación de seis magistrados contra tres, el máximo tribunal reafirmó la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, vigente desde finales del siglo XIX, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Este principio, conocido como derecho de suelo, ha sido un pilar fundamental en la construcción de la identidad y derechos civiles en Estados Unidos.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, destacó en el dictamen mayoritario que “la ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy mantenemos esa promesa”.
Aunque la orden ejecutiva de Trump buscaba limitar la ciudadanía solo a hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales —excluyendo a hijos de inmigrantes sin residencia legal o con visas temporales—, la Corte determinó que esta medida no podía implementarse. De haber entrado en vigor, habría afectado a cerca de 250 mil bebés anualmente y generado una carga adicional para millones de familias, obligándolas a demostrar la ciudadanía de sus hijos recién nacidos.
Cabe señalar que uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, se unió a la mayoría, aunque fundamentó su voto en una ley federal y no en la Constitución, lo que refleja las complejidades legales y políticas que rodean este tema.
Este fallo no solo representa un revés para la administración republicana, sino que también reafirma un compromiso con los derechos civiles y la inclusión social, pilares esenciales para una sociedad diversa y plural. En un contexto global donde la movilidad humana y la migración son fenómenos crecientes, mantener la vigencia del derecho de suelo es una garantía para millones de personas que nacen en Estados Unidos y buscan integrarse plenamente a la vida política y social del país.
La decisión de la Corte Suprema se inscribe en un debate más amplio sobre la función del Estado en la protección de derechos fundamentales y la necesidad de políticas públicas que reconozcan la diversidad y promuevan la igualdad, temas que también resuenan en otras latitudes, como en México, donde proyectos de transporte público inclusivo, como el cablebús en Puebla, buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida de sectores vulnerables.
En suma, la sentencia de este martes 30 de junio de 2026 reafirma un principio constitucional que ha sido clave para la construcción de una ciudadanía plena y protege a quienes, por su nacimiento, tienen derecho a formar parte de la comunidad política estadounidense sin discriminación ni exclusión.
